La mayoría oficialista de la Comisión de Juicio Político pedirá hoy el desafuero del fiscal federal Carlos Stornelli por negarse a asistir personalmente, por segunda vez consecutiva, a prestar declaración testimonial ante el cuerpo en el marco del juicio político iniciado a los jueces de la Corte Suprema. El desafuero se presentará ante el Ministerio Público Fiscal, a cargo del procurador interino Eduardo Casal.
En una segunda nota dirigida a la comisión, que preside la oficialista Carolina Gaillard, el fiscal insistió en que la ley de Ministerio Público le otorga a los fiscales la prerrogativa de prestar testimonio por escrito ante los tribunales que así lo requieran. El oficialismo, sin embargo, pretende que Stornelli lo haga de manera presencial y que explique ante el cuerpo por qué decidió desestimar la denuncia sobre los supuestos mensajes que cruzaron el ministro de Seguridad porteño (de licencia) Marcelo D’Alessandro y el director de la Corte, Silvio Robles.
Los legisladores del Frente de Todos buscan demostrar que hubo connivencia política entre la Corte y el gobierno porteño en el fallo por el cual se ordenó devolver fondos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires. Sostienen que ese intercambio de mensajes demuestra tal connivencia. Stornelli, en su dictamen, alegó en su momento que no había delito porque dichos mensajes se obtuvieron de manera ilegal; acto seguido, el juez federal Sebastián Ramos archivó la causa.
Al ser convocado por la comisión, hace tres semanas, Ramos ratificó su decisión y, ante las preguntas del oficialismo, negó tener un “vínculo sistemático” con D’Alessandro. Sin embargo, tras prestar declaración, trascendieron presuntos mensajes entre el juez Ramos y el ministro porteño en enero del año pasado. El oficialismo cree que Ramos mintió y, por esa razón, lo denunció por falso testimonio. La denuncia recayó en el juzgado federal y correccional N°9.
“Después de difundidos los chats y las notas periodísticas, el abogado Marcelo Mazzeo y el secretario de coordinación de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Olima Espel, han reconocido el contenido de los chats”, enfatizó el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez.
Tanto Mazzeo como Olima Espel fueron convocados para hoy por la Comisión de Juicio Político. Hasta ahora, el único que confirmó su presencia es Olima Espel, mano derecha de Casal. El funcionario también aparece en la filtración de chats: según trascendió, el funcionario mantuvo un intercambio de mensajes con D’Alessandro, quien le requería el dictamen por el cual Casal reconocía la competencia de la Corte Suprema para intervenir en el reclamo por los fondos coparticipables impulsado por el gobierno de Rodríguez Larreta. Olima Espel confirmó ese intercambio de chats con D’Alessandro.
Además de Mazzeo y Olima Espel, también fueron convocados tres funcionarios de la Corte Suprema: Sebastián Alberto Garay, de la Secretaría de Juicio Originarios; y Guillermo Sebastián Garay y Natalia Hilda Monayer, ambos de la Vocalía de Rosatti.
Cómo es el mecanismo de desafuero
Una vez presentado el pedido de desafuero, todo indica que la Procuración le dará el trámite ordinario previsto para los procesos disciplinarios. Ese trámite empieza con la comunicación al magistrado denunciado de la presentación en su contra y un pedido para que presente sus explicaciones. Es el procurador, según el reglamento, quien hace ese pedido.
El procurador tiene dos alternativas: puede archivar el pedido de desafuero siempre y cuando considere que “la comunicación, queja o denuncia es manifiestamente inconducente”. Si, en cambio, decide darle curso, el fiscal tendrá diez días para ofrecer sus explicaciones. El descargo del fiscal se gira a un Consejo Evaluador, formado por fiscales generales, que podrá sugerir que se abra sumario, que el magistrado vaya directo a jury o que el caso se desestime. La decisión final la tomará el procurador.
