Las compañías que recurrieron a la Justicia para lograr ingresar mercadería al país están siendo monitoreados por la Aduana
Recurrir a la Justicia para liberar importaciones ha sido una constante en la Argentina desde que se volvió necesario, a partir de 2004, pedir autorización para liberar el ingreso de una mercadería del exterior. Primero fueron los Certificados de Importación, entre 2004 y 2011, luego llegaron las DJAI, con el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y finalmente las SIMIs, creadas en el gobierno de Mauricio Macri y luego retomadas por la actual gestión.
La crítica situación actual de la falta de dólares volvió este mecanismo una salida que encontraron muchos importadores para lograr el ingreso de la mercadería, pero ya está encontrando un límite. Desde que llegó, la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, con Matías Tombolini en Comercio y Guillermo Michel al frente de la Aduana, comenzó a monitorear con lupa cada una de las cautelares aprobadas con el fin de detectar abusos y lograr desalentar este tipo de operatoria, en momentos en que la escasez de divisas está generando infinidad de problemas productivos.
Tanto es así que a todos los importadores que han presentado en alguna oportunidad, desde 2020, medidas cautelares no sólo se los está investigando, sino que les aparece un cartel a modo de advertencia cuando ingresan en el sistema informático Malvina, de AFIP, para requerir un permiso de importación. “Importador monitoreado por presunto uso abusivo de cautelares”, dice el mensaje que recibe los empresarios al intentar pedir una licencia. En este caso, el despachante presiona “aceptar” y puede continuar operando, pero la aparición de este cartel, desde hace una semana, fue leído por el sector como un mensaje aleccionador.
El propio Michel así lo aseguró el fin de semana pasado en un entrevista con este medio: “Hay que combatir la brecha, la raíz, pero también generar percepción de riesgo para tratar de evitar estas maniobras”. El Gobierno asegura que ya se detectaron más de 1.700 casos de sobrefacturación de importaciones por USD 360 millones, y que en los últimos 24 meses entró al país, vía cautelares, mercadería por USD 1.800 millones.
En el caso de los importadores que presentaron cautelares en la Justicia, sólo pueden operar con permisos de importación automáticos, ya que los bienes que requieren de licencia no automática directamente no son aprobados si ese operador fue, alguna vez, a la Justicia. En algunas oportunidades, la Capacidad Financiera Económica (CEF) –número que surge de una fórmula realizada por la AFIP que define si esa empresa está o no en condiciones de poder importar– también es una limitante a la hora de operar, pero es un valor que va cambiando permanentemente.
La presentación y aprobación de medidas cautelares en varios juzgados federales fue creciendo en la medida en que se puso más restrictivo el cepo a las importaciones, pero la necesidad imperiosa de cuidar los pocos dólares que quedan al máximo hizo que el equipo económico comenzara a hilar fino en los controles para evitar abusos y sobrestockeos, a partir de la conveniencia de importar al dólar oficial. Y una de las estrategias fue monitorear a estas empresas que habían recurrido a la vía judicial para lograr la aprobación de las SIMIs. Hoy, según coincidieron abogados e importadores, se frenó bastante no sólo la aprobación por parte de los jueces, sino también la presentación por parte de las empresas.
En los últimos 24 meses entró al país, vía cautelares, mercadería por 1.800 millones de dólares
La Aduana informó varios casos de cautelares investigadas que finalmente fueron dadas de baja por parte de la respectiva firma. Lo hizo, por ejemplo, con la textil Barpla, que había recibido una cautelar aprobada por 39 SIMIs por USD 128 millones, de los cuales sólo había utilizado USD 20 millones. En este caso, el organismo se presentó en el expediente solicitando al Juzgado Contencioso Administrativo Federal 8 que se revoque la cautelar a favor de esta empresa “porque no se había verificado un requisito esencial: el peligro en la demora para otorgar el beneficio judicial”. “El monto equivale a las importaciones que la empresa necesita en 4 años a los valores actuales, lo cual demuestra el uso abusivo de cautelares por parte de aquélla. El objetivo de la empresa era sobrestockearse de mercadería a valor de dólar oficial”, informó días atrás la Aduana.
Lo mismo detectó en una empresa que importó neumáticos a través de 30 cautelares presentadas a partir del 2020. En este caso, El monto total de las cautelares pedidas era de USD 156,7 millones, de los cuáles utilizó solamente el 23%. También, en este caso, la compañía desestimó la medida. Y este jueves haría lo propio otra textil, adelantaron fuentes de la Aduana.
Según dijeron, entraron importaciones mediante cautelares por USD 1.811 millones en los últimos 20 meses y “se está analizando caso por caso para corroborar si hubo abuso y peligro de demora, tal como establece uno de los principios de la medida”. “Empezamos por los casos de importaciones más importantes, pero es un trabajo que lleva tiempo. Por lo pronto, hay unas 500 empresas intimidas”, enfatizaron las fuentes cercanas a Michel. Sobre la leyenda que les aparece a los empresarios cuando intentan operar en el sistema Malvina, precisaron que “lo que se intenta es que entienda la percepción de riesgo para el operador y que sepa que la AFIP puede pedirles un requerimiento por el uso de las cautelares”.
