El gobernador sostuvo que ayer fue un “día de luto para la democracia” a raíz de la acusación encabezada por Diego Luciani. Además, apuntó que la causa ya “está caída” por sus irregularidades
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó como “papelón” el alegato del fiscal federal Diego Luciani, quien pidió ayer una pena de 12 años de prisión a la vicepresidenta Cristina Kirchner en el marco de la causa de Vialidad, y reclamó que el funcionario judicial sea “sancionado” tras considerar que ejerció un mal desempeño en su rol.
“Todo indica, tampoco lo tengo probado, que la plata de ‘los bolsos de José López’ seguro no provino de ningún secretario de Cristina, que es lo que dijo ayer el fiscal. Debería ser sancionado el fiscal por eso”, sostuvo el mandatario, al cuestionar una de las pruebas mencionadas por los fiscales Luciani y Sergio Mola, sobre una serie de mensajes entre el ex secretario de Obra Pública y un colaborador que citan a la entonces Presidenta y hablan de eliminar de “limpiar todo” lo que los incriminan.
Kicillof consideró que “lo que pasó ayer fue payasesco, el fiscal trajo pruebas que no eran parte de la causa y después no le dieron derecho a Cristina a responder. Eso es pedir la proscripción de por vida”. En un intercambio con la abogada Graciana Peñafort, durante una entrevista por El Destape radio, dijo que el proceso está “caído” por el “manoseo” que hubo en sus distintas etapas, y remarcó que tampoco está permitido que Luciani haya leído un “alegato de 9 horas desde su pantalla”. “No solo está prohibido, es causal de nulidad”, anticipó la letrada que asesora a la vicepresidenta.
“Es un papelón, es un guión, una telenovela, un culebrón. Son todas frases efectistas carentes de sentido común”, insistió el gobernador sobre los argumentos esgrimidos por Luciani.
Además, vinculó una intencionalidad política de “los jueces y fiscales que juzgan a Cristina todos están emparentados desde la amistad y la ideología con (Mauricio) Macri, que es el principal beneficiario de esta condena”. “Esto no es solo lo judicial, es parte de una cuestión política. Esto es lawfare”, remarcó el mandatario provincial. “¿Quien dejaría que te juzgue un juez o un fiscal que juega al paddle o al fútbol con el principal beneficiario que te quiere poner preso? Es un grado de escándalo insólito”, agregó.
Según Kicillof, toda la acusación “se cae por su propio peso” y “la sociedad no lo va a dejar pasar”, advirtió. “De jurídico esto no tiene nada, como no tenía (la causa por) el memorando /con Irán), el dólar futuro, todo estos armados esperpentos que preparan sin pruebas”. ”Van haciendo los rituales de procedimientos donde todo está arreglado, a Cristina le negaron declarar, transcurrió un juicio y ahora quieren condenarla por hechos nuevos que parecen el ultimo día, es una aberración”, remarcó.
El gobernador vinculó el pedido de pena con otras causas de corrupción que se investigaron en la región y luego fueron desestimadas, como el “impeachment” de la ex presidenta brasileña Dilma Rousseff o el juicio contra el ex mandatario brasileño Lula da Silva, líder del PT, “el golpe contra Evo (Morales), a las condenas contra (Rafael) Correa, es el mismo modo operandi”.
“Estamos en un show destinado a llevar adelante una persecución política para implementar un plan político, económico y judicial”, concluyó.
El lunes por la tarde, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, a cargo de la causa Vialidad, que investiga un supuesto direccionamiento de la obra pública de Santa Cruz en favor de Lázaro Báez entre 2003 y 2015, pidieron 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para la vicepresidenta Cristina Kirchner para ocupar cargos públicos. Está acusada de ser jefa de una “asociación ilícita”.
Tras conocerse la acusación, el pleno del arco oficialista del Frente de Todos respaldó a la vicepresidenta. Rodeada de militantes, Cristina Kirchner llegó a las 10.50 al Congreso para hablar desde su despacho del Senado a través de sus redes sociales luego de que el Tribunal Oral Federal 2 rechazara su pedido para ampliar la declaración indagatoria en el juicio por supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.