El costo del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vuelve a estar en el centro de la discusión por el impacto de los gastos operativos, los subsidios pendientes y la pérdida de poder adquisitivo de los pasajeros. En medio de las negociaciones entre las empresas de colectivos y el Gobierno nacional, el sector advierte que, sin asistencia estatal, el boleto podría ubicarse entre $2.300 y $2.500.
La advertencia se conoció este martes, durante una jornada marcada también por un paro sorpresivo en las seis líneas de subte y el Premetro. Mientras las compañías buscan una actualización de las compensaciones que reciben, la discusión expone las dificultades para sostener el servicio sin trasladar todos los costos a los usuarios.
Según los cálculos de las empresas, la tarifa técnica actual, estimada entre $1.600 y $1.700, ya no alcanza para cubrir los gastos de funcionamiento. A esto se suma una deuda de alrededor de $40.000 millones en compensaciones, que aumenta la presión financiera sobre las compañías.
La evolución de los precios refleja la magnitud de los aumentos acumulados. Entre noviembre de 2023 y octubre de 2026, el boleto nacional pasó de $53 a $743, una suba nominal cercana al 1.300%. En el mismo período, la tarifa de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires llegó a $920,48, mientras que en la provincia de Buenos Aires alcanzó los $1.215, con un incremento del 2.194%.
Sin embargo, el aumento de las tarifas no se traduce en una mejora proporcional del servicio. La reducción de pasajeros convive con menores frecuencias, lo que provoca unidades más cargadas durante los horarios de mayor demanda. La disminución de coches en circulación también puede afectar la experiencia de viaje y desalentar el uso del transporte público.
A la presión de los costos se suma el encarecimiento del combustible, los neumáticos, los repuestos y el mantenimiento de las unidades. Estos gastos condicionan la capacidad de las empresas para sostener las frecuencias y renovar sus flotas, especialmente en el caso de las compañías más pequeñas, que cuentan con menos margen para absorber los aumentos.
Para los usuarios, el problema se agrava cuando los recorridos requieren combinar varios colectivos u otros medios de transporte. La falta de una política metropolitana coordinada entre Nación, Ciudad y Provincia genera diferencias en las tarifas y en la aplicación de descuentos por transbordo. En consecuencia, quienes viajan entre distintos distritos pueden terminar afrontando un costo mayor para completar sus trayectos.
Frente a este escenario, algunos pasajeros buscan alternativas para reducir sus gastos, como compartir viajes en aplicaciones o utilizar bicicletas en determinados recorridos. La posibilidad de que el boleto alcance los $2.500 sin subsidios profundiza la preocupación por la accesibilidad del servicio, en particular para quienes dependen del transporte público para trabajar o estudiar.
Durante la reunión de este martes, el Gobierno nacional presentó medidas destinadas a mejorar las compensaciones a las empresas del AMBA. La propuesta incluye una actualización de la estructura de costos desde octubre, ajustes progresivos para acompañar los gastos operativos y modificaciones en los mecanismos de cálculo de los pagos.
Además, la Secretaría de Transporte planteó regularizar en tres cuotas las diferencias de recaudación reclamadas por el sector e introducir cambios vinculados con los costos laborales, la seguridad y las previsiones salariales para los próximos meses.
El objetivo oficial es brindar mayor previsibilidad financiera a las compañías y garantizar la continuidad del servicio sin que cada aumento de los costos se traslade automáticamente al precio del boleto. No obstante, el equilibrio entre las necesidades económicas de las empresas y la capacidad de pago de los pasajeros continúa siendo uno de los principales desafíos del sistema de transporte metropolitano.
