El juez federal de Lomas de Zamora, Rodríguez Ponte, a cargo de la investigación sobre las operaciones de Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo, ha dispuesto que los automóviles secuestrados en el curso de la causa sean entregados a la Corte Suprema, con el fin de que estos cumplan una función social en distintas áreas de la Justicia o en organismos de seguridad. Entre los vehículos confiscados se encuentran cuatro camionetas Toyota, tres automóviles Audi y la Ferrari California descapotable negra que Vallejo solía estacionar frente a la sede principal de su empresa. Las autoridades investigadoras sospechan que, ante el avance de la causa penal en su contra, Vallejo realizó una venta ficticia de la Ferrari. “La conexión con el lavado se perfecciona y agrava con la maniobra de ocultamiento posterior: a solo diez días de los allanamientos judiciales, teniendo pleno conocimiento de la investigación, Vallejo simuló la venta de dicha Ferrari a una mujer jubilada de 73 años por el mismo monto en que había sido adquirida, evidenciando una maniobra fraudulenta para eludir embargos”, afirmaron los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco al solicitar la indagatoria de Vallejo. La decisión de transferir los vehículos a la Corte Suprema forma parte de una serie de medidas dispuestas en la causa iniciada en noviembre pasado, a raíz de la denuncia de ARCA por presunta evasión impositiva y lavado de dinero. Según el fallo emitido ayer, la asignación a la Corte es “provisoria”. Esto está relacionado con el artículo 23 del Código Penal, que establece que “el juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar el decomiso del o de los inmuebles, fondos de comercio, depósitos, transportes, elementos informáticos, técnicos y de comunicación, y todo otro bien o derecho patrimonial sobre los que, por tratarse de instrumentos o efectos relacionados con el o los delitos que se investigan, el decomiso presumiblemente pueda recaer”. El fallo también menciona las medidas cautelares que la ley prevé para “garantizar” la disponibilidad futura de los fondos necesarios para cubrir “la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas” que puedan ser dictadas. La investigación intenta determinar si el movimiento de aproximadamente $818 mil millones de pesos a través de la billetera virtual del grupo de empresas de Vallejo, Sur Finanzas PSP, fue legítimo y tributado. En los últimos días, Vallejo había intensificado sus actividades debido a la reapertura de Sur Finanzas, la entidad que lo llevó a establecer vínculos con figuras del fútbol, como el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. “Hace un tiempo me habían quitado la posibilidad de trabajar. Hoy tengo el privilegio de pensar en volver a abrir las puertas mañana. ¡Volvimos a poder hacer lo que mejor sabemos: trabajar y dar oportunidades!”, publicó el financista en sus redes sociales el pasado jueves. Sin embargo, apenas días después de la reapertura de Sur Finanzas, Rodríguez Ponte prohibió a Vallejo prestar “servicios financieros” y notificó de esta decisión a la Comisión Nacional de Valores (CNV). “La prohibición se extiende también a su inscripción, constitución, integración o participación, bajo cualquier forma o carácter (socio, accionista, director, administrador, apoderado o empleado jerárquico), en proveedores de servicios de pago (PSP) o en cualquier otra entidad que preste servicios financieros, mientras dure la medida”, establece la resolución a la que tuvo acceso el medio. Asimismo, el nuevo juez de la causa ha ordenado recientemente una serie de operativos en San Lorenzo, Racing y Argentinos Juniors, tres clubes que mantenían vinculación con Sur Finanzas.
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