La presentación fue realizada por la abogada Valeria Carreras, quien pidió investigar posibles delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de denuncia, además de cualquier otra figura que pudiera surgir durante la investigación.
El origen de la denuncia está en declaraciones realizadas por el presidente Javier Milei el 27 de septiembre. En esa oportunidad, el mandatario afirmó que durante 2025 habían sido expulsados “10 mil terroristas” y que en lo que va de 2026 la cifra había llegado a “20 mil”. Según explicó, se trataba de personas que ingresaban desde otros países con la intención de “dinamitar el modelo argentino”.
La presentación sostiene que esas cifras no coincidirían con los registros oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones incorporados al expediente. De acuerdo con esos datos, durante 2025 se produjeron 772 expulsiones por distintas causas, sin que se identificaran casos vinculados con terrorismo.
Para 2026, con información todavía parcial, se contabilizaron 744 expulsiones y aproximadamente 18.947 incidentes de ingreso o rechazo. Tampoco en este caso los registros consignados oficialmente identificarían situaciones de terrorismo.
A partir de esa diferencia, la denunciante solicita determinar cómo se estableció que las personas mencionadas por el Presidente eran terroristas y si existía algún registro o clasificación formal que permitiera identificarlas de esa manera.
La presentación también pone bajo análisis el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) y las disposiciones previstas en la Ley de Migraciones. El objetivo es establecer si las personas expulsadas o rechazadas tenían efectivamente algún vínculo registrado con actividades terroristas.
Entre las medidas solicitadas figura un pedido a la Dirección Nacional de Migraciones para obtener el detalle completo de las expulsiones y rechazos correspondientes a 2025 y 2026. También se requiere información específica sobre aquellos procedimientos relacionados con terrorismo o delitos vinculados, además de las nacionalidades de las personas involucradas y las resoluciones administrativas mediante las cuales se dispusieron las medidas.
Al Ministerio de Seguridad se le solicita documentación vinculada con las afirmaciones oficiales. En particular, se pide acceder a informes, memorandos y comunicaciones internas relacionados con “terroristas deportados” o con posibles amenazas de infiltración, además de los documentos utilizados como respaldo de las cifras difundidas públicamente.
La denuncia también solicita información a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y al fuero federal para establecer cuántas denuncias, imputaciones, procesos y condenas involucraron durante 2025 y 2026 a extranjeros por delitos de terrorismo, financiamiento del terrorismo o figuras relacionadas.
La presentación plantea tres posibilidades frente a la diferencia entre las cifras oficiales y las declaraciones públicas. Una de ellas es que los registros oficiales sean incorrectos; otra, que las cifras difundidas por el Presidente sean erróneas; y una tercera, que los números mencionados sobre los 30.000 individuos sean correctos.
En este último escenario, la denunciante sostiene que implicaría reconocer que en menos de dos años ingresaron al país y posteriormente fueron expulsadas 30.000 personas consideradas terroristas. A partir de esa hipótesis, plantea interrogantes sobre las políticas estatales destinadas a prevenir y abordar este tipo de situaciones.
La presentación solicita que se determine cuál es el origen de la diferencia entre los registros y las declaraciones oficiales y que se establezca si existió un error, una exageración o la omisión de información vinculada con cuestiones de seguridad nacional. También pide analizar la relevancia institucional de las afirmaciones sobre la presencia de 30.000 supuestos terroristas en el país.
