Entre las causas que fueron cerradas, 469 —el 9,55%— terminaron desestimadas por el paso del tiempo. La normativa establece que, si una denuncia no es resuelta dentro de los tres años, caduca sin que exista un pronunciamiento sobre los hechos denunciados.
El relevamiento también analiza el funcionamiento de las distintas instancias del Consejo. Actualmente, de las 260 denuncias que permanecen abiertas, 225 se encuentran en la Comisión de Disciplina y 32 en la Comisión de Acusación.
Las denuncias pueden derivar en distintas consecuencias según la gravedad de los hechos. En la Comisión de Disciplina, un juez puede recibir una advertencia, un apercibimiento o una multa. Cuando una acusación avanza por la instancia correspondiente, el magistrado puede ser suspendido y quedar sometido al Jurado de Enjuiciamiento, encargado de llevar adelante el proceso de remoción.
Los jueces solo pueden ser removidos cuando se acredita la comisión de delitos o la existencia de mala conducta. Entre las conductas que pueden dar lugar a una sanción figuran el desarrollo de actividades incompatibles con el cargo, los incumplimientos reiterados de las normas procesales y la desatención de las obligaciones propias de la función.
Una parte importante de las presentaciones ni siquiera llega a una investigación formal. Muchas son rechazadas “in limine” por considerar que no reúnen los requisitos mínimos para avanzar.
El relevamiento tomó como referencia tres expedientes considerados representativos. Uno de ellos corresponde a Diego Hernán Papa, juez comercial de la Capital, quien fue denunciado en 2023 por un gremio judicial por presunta violencia y acoso laboral. El Consejo recibió 58 testimonios y los descargos del magistrado, pero ninguna sanción alcanzó los votos necesarios. Al cumplirse tres años de la presentación, el expediente fue archivado sin una resolución sobre los hechos.
Otro de los casos analizados es el de Ariel Lijo, juez federal porteño con 22 años de trayectoria en el cargo. A lo largo de ese período acumuló 41 denuncias disciplinarias por presuntas irregularidades en su gestión, entre ellas acusaciones vinculadas con corrupción. La mayoría fueron desestimadas y, al momento de ser propuesto para integrar la Corte Suprema, todavía tenía otras denuncias en trámite.
El tercer expediente corresponde a Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora. En 2023 fue denunciado por el fiscal general subrogante de la Cámara Federal de La Plata por presuntamente haberse atribuido competencias que no le correspondían. Entre los hechos señalados figuraba su intervención en una investigación por contrabando en el aeropuerto de Ezeiza.
En ese caso, el Consejo se limitó a solicitar copias de los expedientes. El relevamiento advierte que, si no existe un pronunciamiento antes del 1° de diciembre de 2026, la denuncia quedará alcanzada por la caducidad.
El estudio también cuestiona el funcionamiento interno del Consejo y señala que las demoras pueden estar relacionadas con la falta de un procedimiento reglamentado y de un calendario de reuniones. Según el análisis, durante los últimos años se redujo la frecuencia de los encuentros de las comisiones, lo que habría contribuido a prolongar los tiempos de resolución.
La investigación fue elaborada por un equipo especializado y complementada con la consulta a tres especialistas en materia judicial e institucional. Entre las observaciones recogidas aparece el señalamiento sobre el peso que tienen los jueces dentro de la Comisión de Disciplina y la posibilidad de que el envío de un expediente a esa instancia termine favoreciendo el archivo del caso.
También se planteó que el Jurado de Enjuiciamiento ha funcionado adecuadamente desde su creación, aunque no todas las denuncias que podrían justificar la apertura de un juicio terminan llegando a esa instancia.
Otra de las evaluaciones apunta a la baja cantidad de sanciones y a la dificultad para determinar si la mayoría de los expedientes desestimados o caducados responde a la calidad de los magistrados investigados o a problemas en el diseño institucional del sistema.
El relevamiento sostiene que las garantías destinadas a dificultar la remoción de jueces son parte de la protección de su independencia. Al mismo tiempo, advierte que las dificultades para investigar y resolver las denuncias pueden terminar generando situaciones de impunidad sin que exista un pronunciamiento sobre el fondo de los casos.
