Entre las normas vigentes se encuentra la Ley 26.659, que establece sanciones para quienes realicen actividades de exploración o explotación de recursos naturales en espacios marítimos nacionales sin la correspondiente autorización. También existen disposiciones relacionadas con la construcción de una base integrada en la provincia de Tierra del Fuego.
En este contexto, la alternativa planteada es recurrir a las estructuras ya previstas por la legislación en lugar de crear un nuevo organismo. La Ley 23.554 de Defensa Nacional establece, en su artículo 14, la existencia del Consejo de Defensa Nacional, encabezado por el Presidente de la Nación.
El organismo está integrado por el vicepresidente, los ministros del Gabinete Nacional y el responsable del máximo organismo de inteligencia. El ministro de Defensa puede concurrir acompañado por el jefe del Estado Mayor Conjunto y los titulares de los Estados Mayores Generales cuando lo considere necesario.
La misma norma contempla además la participación de los presidentes de las comisiones de Defensa del Senado y de la Cámara de Diputados, junto con otros integrantes de esas comisiones. A su vez, establece que el Presidente puede incorporar a otras autoridades, convocar a representantes de otros poderes y sumar a personas cuyos conocimientos o competencias puedan resultar útiles para los asuntos específicos que se analicen.
La legislación fue sancionada con respaldo de distintos sectores políticos y continúa formando parte del marco normativo vigente. Desde esta perspectiva, la creación de una nueva estructura podría resultar innecesaria frente a la existencia de un mecanismo institucional que ya contempla la participación de distintas áreas del Estado.
El cambio de denominación de un ámbito de “defensa” a otro de “seguridad” también plantea interrogantes sobre el alcance que podría tener el nuevo organismo. Una de las interpretaciones planteadas es que podría orientarse no solamente a la relación con el Reino Unido por la cuestión Malvinas, sino también a cuestiones vinculadas con la política interna.
También existe la posibilidad de que el nuevo Consejo sea establecido mediante un decreto de necesidad y urgencia, ante las dificultades que podría enfrentar una iniciativa de este tipo en el Congreso.
Otra alternativa mencionada es revisar los antecedentes existentes dentro del propio Estado. Entre ellos se encuentra un documento elaborado durante el gobierno de Néstor Kirchner por los integrantes ejecutivos del Consejo de Defensa, bajo la conducción de la entonces ministra de Defensa Nilda Garré.
Ese material reúne un diagnóstico sobre las capacidades y las carencias de la Argentina en materia de Defensa Nacional. La existencia de ese antecedente plantea la posibilidad de utilizar estructuras y herramientas que ya fueron creadas y que continúan vigentes, en lugar de establecer un nuevo organismo.
