El esquema toma como base la Ley 26.659, sancionada por unanimidad el 16 de marzo de 2011 durante el primer mandato de Cristina Kirchner. La norma es conocida como “Ley Pino Solanas”, en reconocimiento al cineasta que falleció en 2020 y que impulsó el proyecto durante su etapa como senador.
La legislación establece que la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina requiere autorización de la autoridad argentina competente. Si bien no menciona específicamente a las Islas Malvinas, fue creada en respuesta a las actividades de exploración desarrolladas por el Reino Unido en aguas que Argentina considera bajo su soberanía.
Entre sus principales disposiciones, la ley prohíbe realizar actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental sin autorización argentina. También alcanza a quienes participen directa o indirectamente de empresas que desarrollen esas tareas sin habilitación, incluidos los prestadores de servicios de apoyo. A su vez, impide celebrar contratos con esas compañías, ya sean comerciales, financieros, logísticos, técnicos o de consultoría, tanto a título oneroso como gratuito.
El incumplimiento puede derivar en la revocación de las habilitaciones de personas o entidades por períodos de entre cinco y 20 años, luego del correspondiente procedimiento administrativo. También contempla el traspaso al Estado nacional o a las provincias de las concesiones involucradas.
La ley establece además que las inhabilitaciones deben incorporarse a los registros nacionales y provinciales y que, durante ese período, quedan suspendidos los beneficios y exenciones fiscales o previsionales. También impide que la Nación, las provincias y los municipios contraten a las personas o entidades alcanzadas por las prohibiciones.
En 2013, la Ley 26.659 fue modificada por la Ley 26.915, que incorporó un régimen penal específico. Desde entonces, la exploración no autorizada en el lecho marino o la plataforma continental puede ser sancionada con penas de entre cinco y diez años de prisión y multas equivalentes a entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo crudo WTI.
Para las actividades de extracción, transporte o almacenamiento, las penas previstas van de 10 a 15 años de prisión y las multas pueden alcanzar el equivalente a entre 150.000 y 1.500.000 barriles. Además, cualquier inhabilitación se extiende por el doble del período correspondiente a la condena.
En el caso de las personas jurídicas, la legislación contempla multas, la suspensión de actividades por hasta diez años y la cancelación de la personería. La aplicación de estas disposiciones corresponde a la Justicia Federal.
Como parte del nuevo esquema, Milei firmó el Decreto 868/2026, que modifica el régimen de aplicación de la Ley 26.659 sin necesidad de una nueva intervención del Congreso. Uno de los principales cambios consiste en trasladar la autoridad de aplicación de la Secretaría de Energía al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, con el objetivo de vincular las medidas administrativas con la estrategia diplomática argentina respecto de la soberanía sobre las islas.
El decreto dispone que los organismos de la Administración Pública Nacional deberán informar al Ministerio de Relaciones Exteriores, dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles, cualquier hecho que pudiera constituir una infracción. A partir de una denuncia, la autoridad podrá iniciar de oficio el procedimiento administrativo correspondiente.
Los presuntos infractores tendrán diez días hábiles para presentar su defensa y las pruebas que consideren pertinentes. Luego, la autoridad contará con un período equivalente para emitir una decisión. La normativa también incorpora una declaración jurada obligatoria para quienes pretendan ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) o tramiten permisos o concesiones vinculadas con hidrocarburos.
El proyecto de ley enviado al Congreso, denominado Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, busca ampliar las herramientas previstas por la legislación actual. Entre sus modificaciones propone extender las sanciones a proveedores, accionistas y directores de las empresas involucradas, equiparando su responsabilidad con la de las compañías operadoras.
La iniciativa también plantea impedir que los infractores celebren contratos tanto con organismos del Estado como con el sector privado en todo el territorio nacional. De esta manera, amplía las restricciones que actualmente rigen para la contratación con el Estado.
Milei sostuvo que la Ley 26.659 resulta relevante para sancionar a quienes no reconozcan la soberanía argentina y avancen sobre la explotación de recursos, pero consideró necesario modificarla para ampliar las herramientas disponibles frente a esas actividades.
Entre las nuevas disposiciones propuestas también aparece la posibilidad de realizar juicios en ausencia. Además, el proyecto amplía el alcance de las actividades que podrían quedar comprendidas cuando comprometan recursos naturales argentinos en las islas. La medida podría alcanzar sectores como la pesca, la logística y el transporte marítimo, además de las operaciones vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion.
El paquete legislativo incluye además la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, integrado por las áreas de Relaciones Exteriores, Defensa, Inteligencia y Economía. El organismo tendría como objetivo establecer una política de seguridad integrada y contaría con facultades para aplicar medidas económicas y diplomáticas frente a entidades estatales y privadas consideradas amenazas para la seguridad nacional.
La propuesta también contempla un marco destinado a la protección de infraestructura crítica y al fortalecimiento de la vigilancia aeroespacial y marítima.
Por último, otro decreto firmado por Milei contempla una ampliación de los recursos del Ministerio de Defensa con dos objetivos principales: avanzar en la construcción de la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego y reforzar las capacidades de telecomunicaciones. El Presidente definió a la futura base como el “polo logístico más importante del Atlántico Sur”.
Según Milei, la Cancillería ya envió alrededor de 180 notas de desestimación a empresas y a más de 29 países en relación con distintos proyectos vinculados con las islas.
