Durante las sesiones del juicio, se abordó la posible responsabilidad penal de cuatro exoficiales de la Armada: el contralmirante Luis López Mazzeo, el excapitán de navío Claudio Villamide, el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Correa. A estos se les acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado fatal, en concurso ideal.
El proceso judicial se inició el 3 de marzo en Río Gallegos, bajo la supervisión de los jueces Gabriel Reynaldi, Enrique Baronetto, Luis Giménez y Guillermo Quadrini, y se llevaron a cabo más de 30 audiencias. Con la conclusión de los alegatos de las defensas el lunes, el juicio entra en su etapa decisiva.
El objetivo del juicio es determinar si exoficiales de la Armada Argentina tuvieron alguna responsabilidad penal en relación con el estado y la operación del submarino durante su última misión.
La acusación argumenta que, tras la avería reportada el 15 de noviembre de 2017, no se tomaron las precauciones necesarias, como ordenar que la nave navegara en la superficie o convocar inmediatamente a expertos.
Durante las primeras audiencias, el tribunal escuchó el requerimiento fiscal de juicio, donde se indicó que el hundimiento no se trató de un suceso fortuito, sino de una “tragedia previsible”. La investigación reveló fallas críticas en el mantenimiento y alertas previas, tales como informes de la SIGEN y de la propia Inspección General de la Armada, que advertían sobre el deterioro de las baterías y la falta de ingresos al dique seco, evidencias que habrían sido desatendidas.
Las abogadas de la querella, Valeria Carreras y Lorena Arias, afirmaron que las pruebas obtenidas durante la instrucción y el debate son “abrumadoras” y demuestran incumplimientos que llevaron a esta tragedia.
Las letradas criticaron las estrategias defensivas, calificándolas de “tecnicismos” destinados a evadir la responsabilidad, y resaltaron que los implicados negaron la existencia de problemas en el submarino, culpando a otros sectores.
Carreras expresó: “Llegamos a juicio luego de 8 años y 8 meses desde el hundimiento del submarino ARA San Juan, lo cual es un logro en sí mismo, ya que tuvimos previo dos sentencias que procesaron a los acusados”.
“Ahora llegamos al veredicto, después de 4 meses de juicio oral aquí en Río Gallegos, y conoceremos si dicho veredicto se alinea con las pruebas presentadas y con lo sostenido a lo largo de estos años por esta querella compuesta por 34 familiares de los tripulantes. Ese submarino yace en el fondo del mar esperando también, rogamos que no lo abandonen nuevamente como ocurrió cuando zarpó sin estar en condiciones de hacerlo. Esperamos justicia”, añadió la abogada de la querella mayoritaria.
El ARA San Juan partió de la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre de 2017 en una misión de patrullaje. La falla crítica se produjo el 15 de noviembre. El submarino, que contaba con 44 tripulantes, desapareció y su casco fue localizado un año después a aproximadamente 907 metros de profundidad en el Atlántico Sur, donde se confirmó que sufrió una implosión.
