Al mismo tiempo, el Ejecutivo impulsa su agenda legislativa con el objetivo de conseguir media sanción en el Senado para la Ley hojarasca, una propuesta del ministro Federico Sturzenegger. Esta iniciativa pretende derogar y modificar más de 70 normativas vigentes, con el fin de “reducir la sobrerregulación” y avanzar en un proceso de desburocratización del Estado.
Entre las normativas derogadas se encuentran disposiciones que estaban enmarcadas en regulaciones que ya han sido modificadas o eliminadas, como la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y la norma que creó el Observatorio de Precios. Según el documento oficial, estas regulaciones “han perdido su objeto y aplicabilidad”.
Además, el Gobierno considera que la acumulación de normativas a lo largo del tiempo ha dado lugar a un contexto de superposición, dispersión y desactualización, lo que dificulta identificar con precisión cuáles continúan vigentes. Según resaltaron las autoridades, esta situación genera “una inseguridad jurídica para los ciudadanos que restringe el libre desenvolvimiento de su vida”.
Entre las disposiciones derogadas se encuentran 30 normativas relacionadas con los programas Ahora 12 y Cuota Simple, que intervenían en las condiciones de financiamiento al consumo. En particular, Cuota Simple fue el esquema que reemplazó a Ahora 12 durante la gestión de Javier Milei, permitiendo financiar compras con tarjeta de crédito en 3 y 6 cuotas fijas a tasas menores a las del mercado. Sin embargo, dejó de operar en junio de 2025, y el Gobierno decidió no renovarlo.
La resolución 12/2026 fue publicada en el Boletín Oficial de este martes. Durante su funcionamiento, miles de comercios a nivel nacional se adhirieron al programa para ofrecer financiamiento en cuotas, a menudo sin costos adicionales para el consumidor. Tras su finalización, bancos y billeteras virtuales comenzaron a lanzar opciones propias para mantener las posibilidades de financiamiento. Sin embargo, el contexto de tasas de interés elevadas ha limitado la expansión de estas alternativas, especialmente para pequeñas y medianas empresas.
Asimismo, se ha eliminado una disposición vinculada al programa Precios Cuidados, iniciado en 2014, que establecía acuerdos de precios para productos de consumo masivo, como alimentos y artículos de limpieza. Con el tiempo, este esquema se amplió a otros sectores, incluyendo materiales para la construcción y servicios de telefonía celular, dando lugar a programas similares como Precios Justos.
