Frente a este escenario, el Gobierno impulsó una iniciativa denominada “Ley Hojarasca”, elaborada por el Ministerio de Desregulación, que propone eliminar alrededor de setenta leyes y decretos considerados antiguos, redundantes o sin aplicación práctica. El proyecto recibió media sanción en la Cámara de Diputados en mayo de 2026 y busca reducir la carga burocrática acumulada durante décadas.
La propuesta apunta a ordenar el sistema normativo y eliminar regulaciones que ya no responden a la realidad económica y social del país. Sin embargo, dentro del propio Poder Ejecutivo permanece vigente una normativa que genera cuestionamientos por mantener disposiciones asociadas a un contexto que cambió: la Resolución General 5617, que regula el denominado “dólar tarjeta”.
Esta norma establece una percepción del 30% que se aplica a determinados consumos en moneda extranjera, como servicios digitales, compras internacionales y pasajes al exterior. Su permanencia genera debate porque conserva disposiciones vinculadas a un esquema cambiario que fue modificado posteriormente.
La resolución fue emitida el 18 de diciembre de 2024, pocos días antes de la finalización del Impuesto PAIS. La normativa anterior dependía de ese tributo, cuya vigencia concluyó el 22 de diciembre de ese año. Ante ese cambio, la nueva regulación buscó mantener el mecanismo de percepción mediante una actualización normativa.
En sus fundamentos, la resolución señaló la necesidad de adaptar la normativa vigente y garantizar la continuidad del sistema de percepción. De esta manera, el esquema que inicialmente estaba vinculado a un impuesto temporal continuó funcionando bajo una nueva estructura.
La discusión tomó mayor relevancia luego de que el Banco Central eliminara en abril de 2025 las restricciones para que las personas físicas accedieran al mercado oficial de cambios. Desde entonces, los individuos pueden comprar dólares sin el límite que existía anteriormente y sin una percepción aplicada específicamente a la adquisición de moneda extranjera para ahorro.
A pesar de ese cambio, la Resolución General 5617 mantiene dentro de sus alcances la percepción sobre la compra de divisas para atesoramiento o sin destino específico, una disposición que algunos analistas consideran desactualizada frente al nuevo esquema cambiario.
En lugar de una derogación completa, el Poder Ejecutivo realizó modificaciones parciales mediante nuevas resoluciones que ajustaron algunos aspectos del régimen e incorporaron excepciones. Estas modificaciones permitieron adaptar la normativa, aunque mantuvieron vigente una estructura que continúa acumulando cambios.
Uno de los principales motivos de la continuidad del esquema está relacionado con su impacto en la recaudación. Según datos oficiales, durante los primeros meses de 2026 las percepciones vinculadas a Ganancias generaron $527.859 millones, mientras que las correspondientes a Bienes Personales alcanzaron $34.668 millones. En conjunto, representaron una proporción significativa de la recaudación de esos impuestos durante el período.
Para el Gobierno, esos recursos representan una fuente relevante de ingresos en un contexto de búsqueda de equilibrio fiscal, por lo que eliminar el mecanismo implicaría resignar fondos importantes.
Además, existe otro aspecto vinculado al funcionamiento del sistema. La percepción aplicada sobre consumos en moneda extranjera se presenta formalmente como un adelanto de impuestos, ya que puede ser computada o solicitada como devolución por determinados contribuyentes.
Sin embargo, para quienes no están alcanzados por Ganancias o Bienes Personales, como muchos monotributistas, el mecanismo puede convertirse en un costo financiero. La devolución requiere realizar trámites administrativos y puede demorarse, lo que reduce el beneficio real del reintegro frente al impacto de la inflación.
El debate sobre la Resolución General 5617 plantea una contradicción dentro de la política de simplificación normativa. Mientras el Gobierno impulsa la eliminación de regulaciones consideradas obsoletas, mantiene vigente una disposición que fue creada en un contexto cambiario diferente y que continúa siendo objeto de revisión.
La discusión sobre la “Ley Hojarasca” no solo apunta a reducir normas acumuladas durante décadas, sino también a revisar aquellas regulaciones actuales que podrían haber perdido sentido frente a los cambios económicos y regulatorios.
En ese marco, la eventual modificación o eliminación del régimen del dólar tarjeta se presenta como uno de los puntos donde el objetivo de simplificación normativa podría ponerse a prueba.
