Actualmente, la ex presidenta se encuentra cumpliendo una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos debido a administración fraudulenta en detrimento de la administración pública.
El anuncio fue realizado en una columna publicada en medios internacionales, donde expresó su postura bajo el título: “Yo Cristina, en defensa de los derechos fundamentales y de la democracia”.
En su declaración, Kirchner intensificó sus críticas hacia el sistema judicial, sosteniendo que “la democracia no se agota en la celebración periódica de elecciones. Depende, ante todo, de la existencia de instituciones capaces de garantizar que la voluntad popular pueda expresarse libremente. Entre esas instituciones, ninguna desempeña un papel más decisivo que el poder judicial. Cuando la Justicia deja de actuar como garante de los derechos fundamentales y comienza a interferir en la disputa política, la democracia se vacía de contenido”.
La exmandataria se consideró “víctima de violaciones de derechos humanos” y subrayó que esto evidencia un problema institucional que necesita ser abordado. Afirmó que su proceso judicial estuvo marcado por arbitrariedades que son incompatibles con los principios del debido proceso y por un ambiente de hostilidad que refleja el machismo estructural en el sistema judicial argentino.
Asimismo, recordó el atentado sufrido el 1° de septiembre de 2022, cuando era vicepresidenta, calificándolo como “un episodio de extrema gravedad” que amenazó su vida y evidenció hasta qué punto la violencia política puede poner en riesgo la convivencia democrática.
Kirchner también reiteró su visión de que enfrenta “persecución y proscripción” a raíz de su condena en la causa Vialidad, afirmando: “No se trata solamente de la persecución contra la única mujer electa y reelecta para ejercer la presidencia de la nación argentina. Se trata del intento de excluir de la vida política a una dirigente elegida democráticamente por millones de ciudadanos”.
Denunció la “proscripción perpetua” de un dirigente político mediante el uso abusivo del sistema judicial, lo cual calificó como “una de las formas más sofisticadas de erosión democrática de nuestro tiempo”: “No hay tanques en las calles ni clausura del Congreso. Las instituciones permanecen formalmente en funcionamiento. Pero, poco a poco, el espacio de la soberanía popular va siendo sustituido por decisiones judiciales que terminan definiendo quién puede o no participar en la disputa política”.
La ex presidenta señaló que el derecho se ha transformado en un “instrumento para eliminar adversarios políticos”, lo que origina “el debilitamiento de la confianza pública en las instituciones y el deterioro progresivo de las democracias constitucionales”.
Cristina Kirchner indicó que ha convocado a dos juristas de renombre internacional para su defensa: Rafael Valim y Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, resaltando que esta colaboración busca elevar el debate jurídico a estándares universales de protección a la dignidad humana.
Además, Kirchner comunicó su decisión de someter su caso al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, buscando que se evalúe si se respetaron las garantías establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Argentina.
Finalmente, la expresidenta reafirmó su inocencia y su compromiso de defenderla utilizando todos los recursos disponibles en el Estado de derecho: “Lo hago por mí, pero también por todos aquellos que creen que ninguna democracia permanece íntegra cuando la Justicia deja de proteger derechos para decidir el destino de la política”.
Aclaró que no busca “privilegios ni excepciones”, sino un juicio imparcial que respete las garantías internacionales de los derechos de todos los ciudadanos.
