El incidente tuvo lugar el 12 de julio, en las cercanías de las calles Lago Viedma y Rosario, en la capital de la provincia. A través de su sistema de videovigilancia, operadores del Centro de Monitoreo Urbano detectaron a un hombre, identificado como P.M.A.V., golpeando a un perro de tamaño mediano, de pelaje marrón, utilizando una barra de hierro de aproximadamente 75 centímetros. Estas imágenes dieron pie a una investigación por parte de la Fiscalía de Delitos Ambientales.
Una vez establecido quién era el agresor, las autoridades solicitaron una orden de allanamiento para su vivienda. Personal policial llevó a cabo el operativo, durante el cual se incautaron tanto las prendas que el sospechoso llevaba al momento del ataque como la barra de hierro presumiblemente utilizada para agredir al animal.
El informe señala que, tras ser golpeado, el perro quedó tirado en el suelo hasta que logró levantarse, aunque mostraba dificultades para caminar debido a las lesiones sufridas. Hasta la fecha, las organizaciones y autoridades involucradas no han podido localizar al perro. Se desconoce su estado de salud, aunque hay testimonios que aseguran que logró escapar, mientras que otros afirman haberlo visto huir o sugieren que el animal podría haber fallecido.
Posteriormente a las acciones judiciales, el acusado fue demorado y luego detenido por orden de la fiscalía. La audiencia tuvo lugar el 23 de julio, bajo la conducción del asistente letrado Luciano Vidal, acompañado por la abogada querellante Andrea Ferracioli, representante de una ONG que defiende los derechos de los animales.
Según el testimonio del representante del MPF, el acusado salió de su casa con el objeto y se aproximó al perro. En ese momento, le propinó un primer golpe en la cadera y la espalda, provocando que el animal cayera al suelo. Ya en esa posición, el imputado volvió a golpearlo en la cabeza, dejándolo incapacitado para defenderse.
El MPF acusó al sujeto por actos de crueldad hacia los animales, conforme a la Ley Nacional N.º 14.346. La decisión judicial recibió el apoyo de la querella particular y fue aprobada por el juez de garantías Raúl Aufranc, quien validó la Suspensión de Juicio a Prueba para el acusado.
Las condiciones del acuerdo judicial exigen a P.M.A.V. realizar una capacitación sobre bienestar animal, cuidado responsable y derecho animal, así como cumplir con 288 horas de trabajo comunitario. Además, deberá donar 240 kilos de alimento a una organización dedicada al cuidado animal y fijar una residencia, entre otras pautas, durante un año. Si cualquiera de estas condiciones no se cumple, la suspensión podría revertirse y el acusado enfrentaría una condena efectiva.
La resolución judicial provocó una fuerte reacción en la comunidad, generando críticas por parte de dirigentes y organizaciones de protección animal. Un concejal expresó su desacuerdo con la decisión judicial, pidiendo penas más severas y anunció que impulsará la “Ley Adela”, un proyecto destinado a endurecer las sanciones por maltrato animal en Neuquén. Esta propuesta, que lleva el nombre de una galga rescatada, busca aumentar las multas y avanzar hacia condenas de cumplimiento efectivo para quienes maltraten a los animales.
