La jueza federal María Servini hizo lugar al pedido de eximición de prisión de Fabián Rodríguez Simón, el asesor de Mauricio Macri que había sido declarado prófugo cuando fue citado a una indagatoria y había viajado a Uruguay a pedir ser un refugiado político.
“Cumplida que sea la caución dispuesta, lábrense las correspondientes actuaciones y déjese sin efecto la orden de captura nacional e internacional de FABIÁN JORGE RODRÍGUEZ SIMÓN, para lo cual deberán librarse, llegado el caso, los respectivos oficios”, sostuvo la resolución. También se dispuso dejar sin efecto “la inhibición general de bienes y congelamiento bancario dispuestos el día 19 de mayo de 2021″, escribió la magistrada.
Para poner la cifra de la fianza, se tuvo en cuenta “el tiempo prófugo, que tenía bienes en el país, había sido abogado de manera privada, funcionario público y que durante todo este tiempo estuvo inhibido y con los productos bancarios congelados y aún así pudo sustentarse en el exterior del país con lo que ello implica económicamente”. Apenas regrese al país, la jueza pondrá fecha a su indagatoria.
La decisión es consecuencia de la estrategia que puso en marcha ayer, martes, Rodríguez Simón. El ex asesor de Mauricio Macri pidió a través de la presentación que hizo su abogado defensor, Gustavo de Urquieta, que se levante su orden de detención para poder volver al país. Sostuvo que él no se podía presentar porque era un perseguido político del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
“Pepín” Rodríguez Simón decidió irse en 2021, cuando se estaba activando su indagatoria en el marco de la investigación por presunta extorsión a los dueños del Grupo Indalo, Fabián De Sousa y Cristóbal López, durante el gobierno de Cambiemos. Se trata de la denuncia que radicó por asociación ilícita el empresario De Sousa diciendo que se conformó una banda para sacarle el Grupo Indalo y en la que operó en conjunto con la AFIP y la prensa.
Servini llamó a indagatoria a “Pepín”, pero el ex asesor no se presentó a la cita. Fue entonces cuando la jueza lo declaró en rebeldía en mayo de 2021 y dictó una orden de captura. Previo al pedido a Interpol para su detención y extradición en Argentina, Simón inició el trámite ante la CoRe (Comisión de Refugiados) para obtener la condición de refugiado en ese país. La Corte Suprema de Uruguay rechazó un recurso de casación presentado por el ex funcionario macrista, pero el fallo no tuvo efectos inmediatos porque la defensa de Rodríguez Simón presentó un segundo pedido de refugio en diciembre pasado de 2022 y amplió la denuncia.
Mientras tanto, durante 2019 y 2023 Pepín no perdió su condición de diputado del Parlasur. Desde allí, cuando se quiso tratar su expulsión, el abogado mostró un video que compilaba intervenciones de dirigentes argentinos hablando en su contra. Además, sostuvo que existe una “campaña de desprestigio de los medios K”. Apuntó especialmente contra Alberto Fernández y Cristina Kirchner y afirmó que ambos hablaron públicamente de la posibilidad de que él fuera preso, con lo cual se consideró un “perseguido político” en Argentina.
“El abogado (Carlos) Beraldi pidió mi indagatoria el mismo día que asumió como ministro de Justicia Martín Soria”, explicó el ex asesor jurídico de Macri en una entrevista con La Nación. “Desde ese día empezó una campaña en mi contra y todos los alcahuetes del Gobierno empezaron a repetir ‘Pepín va a ir preso’. Pedí refugio político en Uruguay en el marco de una serie de normas de protección a las personas. La verdad es que no es nada grato. Me preocupa lo que está pasando en el país, un país al que no puedo volver”, dijo.
Ayer el abogado de “Pepín” se presentó ante la jueza Servini: “El solicitante de refugio no es un prófugo de la justicia, sino que se encuentra en una situación jurídica subjetiva de protección internacional humanitaria, por lo que la actual situación procesal del señor Rodríguez Simón no importa un antecedente que pueda vincularse con la posibilidad de que intente eludir el accionar de la justicia, luego de que se conceda su exención de prisión”, dijo. Y afirmó que el ex funcionario no quiso “‘eludir el accionar de la justicia’ en este expediente, sino que fue consecuencia directa del ejercicio de un derecho internacional humanitario de raigambre constitucional motivado en sus temores, según me señaló, de ser perseguido político. El señor Rodríguez Simón entendió que regresar a nuestro país para cumplir con la citación a indagatoria suponía graves riesgos para él”.
El fiscal Guillermo Marijuan se opuso a que se le concediera el beneficio por entender que se escapó de la justicia. Pero hoy la jueza hizo lugar al planteo: previo pago a una fianza millonaria, le impuso la obligación de comparecer en tribunales los primeros cinco días hábiles de cada mes, la obligación de solicitar autorización a este Tribunal cada vez que pretenda ausentarse más de 24 horas de su domicilio, y dar aviso en el plazo de 24 horas en caso de modificar aquel; como así también su prohibición de salida del país y entrega de pasaporte.
Según trascendió, la jueza tuvo tuvo en cuenta que el 21 de mayo próximo se cumplirían tres años desde su declaración de rebeldía. También su cambio de actitud, y que acceder a lo solicitado permitiría avanzar en el trámite del expediente, en principal sobre su situación procesal, posibilitando que se cumpla con la declaración indagatoria. “Así como libremente se sustrajo del proceso, de manera voluntaria volvía a someterse a la misma jurisdicción de la cual se fugó”, dijeron en Tribunales.
