La audiencia se desarrolló con la participación virtual de varios de los acusados que no se encontraban en los tribunales de Comodoro Py. Durante los primeros minutos, el tribunal verificó la presencia de los imputados mientras se daba lectura a la acusación presentada por los fiscales que impulsaron el juicio.
Unos diez minutos después del inicio, comenzó la identificación de los acusados. La lista se abrió con Cristina Kirchner, continuó con Lázaro Báez, quien había experimentado problemas de conexión, y siguió con Máximo Kirchner, hasta completar la nómina. Luego se avanzó con la exposición detallada de los hechos atribuidos a los imputados.
Durante la transmisión, Máximo Kirchner apareció en el sector superior izquierdo de la pantalla, mientras que su madre ocupó un recuadro inferior. La expresidenta siguió la lectura del secretario del tribunal, revisó documentos y pasó hojas. Su abogado, Carlos Beraldi, se encontraba en la primera fila de la sala de audiencias.
También participaron de manera remota otros acusados, entre ellos Cristóbal López, Fabián de Sousa y los integrantes de la familia Báez. López y De Sousa permanecieron con la mirada hacia abajo durante parte de la transmisión, mientras que Lázaro Báez logró conectarse desde la prisión luego de resolver los inconvenientes técnicos.
En la sala de Comodoro Py compareció Víctor Manzanares, contador de la familia Kirchner e imputado en la causa. El profesional llegó cinco minutos antes del comienzo de la audiencia y había declarado como arrepentido en la investigación conocida como la causa de los cuadernos de las coimas.
La unificación de los expedientes Hotesur y Los Sauces había generado expectativas sobre una mayor concurrencia presencial en los tribunales. Sin embargo, se optó por una modalidad virtual para varios de los participantes. En su primera intervención, el presidente del tribunal, José Michilini, calificó esta situación como una “excepcionalidad”.
Las causas investigan la presunta existencia de una asociación ilícita entre funcionarios públicos y empresarios, mediante la cual se habrían canalizado fondos provenientes de contratos estatales o beneficios impositivos hacia empresas vinculadas con la familia Kirchner.
En el expediente Hotesur, la acusación sostiene que empresas de Lázaro Báez habrían reservado habitaciones en los hoteles Alto Calafate y Las Dunas sin utilizarlas. Según la investigación, esas operaciones habrían permitido que la familia Kirchner recibiera más de 28 millones de pesos entre 2008 y 2015.
Por su parte, la causa Los Sauces se centra en los vínculos comerciales entre compañías de Báez y empresas del Grupo Indalo, pertenecientes a Cristóbal López y Fabián de Sousa, en relación con el alquiler de propiedades de la familia Kirchner. La fiscalía sostiene que los fondos involucrados tendrían origen ilícito.
En el caso de Báez, la hipótesis acusatoria vincula el presunto lavado de activos con el fraude por obras públicas investigado en la causa Vialidad. Un peritaje de 2021 señaló que el empresario había realizado 21 transferencias de dinero a los Kirchner el mismo día en que recibía fondos provenientes de contratos de obra pública.
En cuanto a López, el presunto delito precedente del lavado de activos estaría relacionado con la retención de 8.000 millones de pesos correspondientes al impuesto a los combustibles a través de la empresa Oil Combustibles. Tanto López como De Sousa fueron absueltos en ese expediente, aunque la decisión se encuentra bajo revisión de la Corte Suprema. Ricardo Echegaray, quien estuvo al frente de la AFIP durante el kirchnerismo, fue condenado por esos hechos.
Con el comienzo de las audiencias, el tribunal inició el análisis de las acusaciones reunidas en ambos expedientes, que buscan determinar las responsabilidades penales de los imputados. Las hipótesis de la fiscalía deberán ser evaluadas durante el proceso judicial.
