La Justicia que investiga el escándalo en la Legislatura bonaerense decidió este viernes dictar la prisión preventiva para Julio “Chocolate” Rigau, el puntero del PJ que usaba tarjetas de empleados fantasma para retirar sumas millonarias.
Así lo resolvió el juez Federico Atencio tras un pedido de la fiscal Betina Lacki. Es por “fraude a la administración pública”. Chocolate también fue indagado por “asociación ilícita” y podría recibir otra preventiva por este otro delito.
“Resuelvo convertir en prisión preventiva la detención que viene cumpliendo Julio Segundo Rigau, por los hechos acaecidos en horas de la noche del 9 de septiembre del corriente año, en las inmediaciones de la intersección formada por la calle 54 y la avenida 7 de La Plata, constitutivo ‘primafacie’ del delito de 177 defraudaciones reiteradas hechos consumados y 45 tentados, todos en concurso real entre sí”, indicó en la resolución Atencio.
Además, el juez denegó el pedido de excarcelación extraordinaria que había pedido la defensa de Rigau. El acusado pidió salir de prisión para cuidar a su esposa, ya que tiene “problemas severos de salud” y asegura que es el único que puede asistirla.
Mientras tanto, todavía queda pendiente el pedido de nulidad que fue presentado ante la Cámara de Casación penal de La Plata, donde la Sala III deberá decidir si cierra la causa o sigue adelante la investigación. Recientemente, dos de los tres camaristas que integraban esa sala fueron relevados e irán a un jury. Se designaron nuevos jueces, por lo que se podrían estirar aún más los tiempos procesales.
Por otro lado, gracias a los chats que la Justicia encontró dentro del celular de Rigau, se descubrió que el electricista devenido en puntero mantuvo varias conversaciones con distintos dirigentes. Dos de los nombres más importantes que aparecieron son los de Claudio y Facundo Albini.
Según los investigadores, Albini padre está acusado de ser el jefe de la presunta asociación ilícita, mientras que su hijo Facundo habría colaborado para que la organización delictiva -ejecutada dentro de la Cámara de Diputados- funcione correctamente. La sospecha principal es que ambos cranearon una estructura para obtener dinero del erario público. Con eso, buscaban financiar la caja negra de la política y las campañas de las elecciones.
La causa había sido anulada inicialmente en un fallo exprés por los jueces Juan Alberto Benavides, Alejandro Villordo, y Fernando Mateos, de la Cámara de Apelaciones de La Plata. Benavides y Villordo votaron por la nulidad de la investigación. Habían argumentado que cuando Chocolate fue detenido, los policías no le leyeron sus “garantías”. Mateos votó en contra.
