El porcentaje de préstamos con menos de 90 días de atraso llegó al 6,6% en noviembre del año pasado y descendió progresivamente hasta ubicarse en 4,4% en julio. La tendencia también se observó entre los distintos tipos de prestamistas, aunque con diferencias en los niveles registrados.
En los bancos, la mora temprana pasó del 6,3% al 4,3%. En tanto, las entidades financieras, emisoras de tarjetas y billeteras digitales habían alcanzado un máximo de 8,2% en diciembre y redujeron ese indicador hasta el 5,3% en julio, según un relevamiento realizado por representantes del sector.
Sin embargo, el comportamiento de los atrasos recientes no permite determinar por sí solo qué ocurrió con el volumen total de deuda en mora. El análisis advierte que el indicador tradicional puede ofrecer una imagen incompleta debido a la forma en que se conforman y contabilizan las carteras crediticias.
Uno de los factores es el tamaño de la cartera. Cuando el crédito se expande, la incorporación de nuevos préstamos puede reducir proporcionalmente el peso de los créditos atrasados. En cambio, cuando el stock de préstamos se contrae, como ocurrió durante el período analizado, ese efecto de dilución pierde fuerza.
Otro elemento está relacionado con los créditos clasificados en situación 5, que corresponden a deudas con más de un año de atraso. Al no existir un límite de antigüedad dentro de esa categoría, los saldos pueden variar considerablemente. Además, las entidades tienen la posibilidad de vender o dar de baja determinados créditos de sus registros, lo que modifica las estadísticas sin que necesariamente el deudor haya regularizado su situación.
La incidencia de esos créditos de mayor antigüedad también cambia según el tipo de prestamista. En los bancos, la mora pasa de 10,8% cuando se excluyen esos saldos a 12,8% cuando se los incorpora. En las fintech, la diferencia va de 17,4% a 24,4%, mientras que entre otros proveedores no bancarios aumenta de 26,7% a 47,2%.
El relevamiento sostiene que la categoría 5 tiene un peso diferente en cada cartera. En los bancos concentra unos $1,5 billones, mientras que en las fintech y otros proveedores alcanza aproximadamente $0,9 billones.
La evolución puede entenderse a partir de una diferencia entre el ingreso de nuevos créditos en mora y el stock acumulado. El flujo de nuevos atrasos viene disminuyendo, pero eso no implica que las obligaciones que ya acumularon demoras desaparezcan de manera inmediata.
En este escenario, otro factor será la implementación de los programas de refinanciación impulsados por entidades bancarias, entre ellas el Banco Nación y el Banco Provincia. A estas iniciativas se sumó el Banco Ciudad, que anunció una reducción de tasas para quienes busquen regularizar sus deudas.
La incorporación de un deudor a un plan de refinanciación tampoco implica que deje inmediatamente de figurar en las estadísticas de morosidad. Según las normas del Banco Central, para mejorar la clasificación es necesario cumplir determinados períodos de pagos. Un deudor ubicado en situación 4 debe permanecer al día durante al menos cinco meses, mientras que para quienes están en situación 5 se requieren como mínimo ocho meses.
Otra medición, denominada mora operativa, permite observar el comportamiento de los créditos sin incluir los préstamos clasificados en situación 5. Un estudio académico calculó que en julio la mora total por monto representó el 18% del crédito, 0,5 puntos porcentuales más que en junio y 10,3 puntos por encima del mismo mes del año anterior. De esta manera, acumuló 21 meses consecutivos de aumento.
Cuando se excluyen los créditos con más de un año de atraso, la mora operativa se ubicó en 11,8% de la cartera y comenzó a mostrar señales de estabilidad. Esta medición permite evitar las diferencias existentes entre las entidades respecto del tratamiento de los créditos incluidos en la categoría 5 y aporta otra referencia sobre la calidad de las carteras.
La distribución de la morosidad también cambia si se considera el dinero involucrado o la cantidad de personas afectadas. En términos de monto, los bancos concentran el 63,3% de los créditos en mora, mientras que las fintech representan el 16,3% y los restantes proveedores no bancarios el 20,4%. La distribución guarda relación con el peso de cada sector en el stock total de préstamos: los bancos reúnen el 81,1% de la cartera.
En cantidad de personas, en julio de 2026 había 5,9 millones de deudores con atrasos superiores a 90 días. De ese total, 2,5 millones tenían obligaciones con bancos, 2,6 millones con fintech y otros 2,6 millones con proveedores no financieros. Las cifras no pueden sumarse entre sí porque una misma persona puede mantener deudas con más de un tipo de prestamista.
Frente a este escenario, desde el sector financiero se plantea la necesidad de detectar de manera anticipada las dificultades de pago y ofrecer alternativas de refinanciación antes de que las deudas acumulen mayores atrasos. El esquema propuesto contempla identificar señales tempranas, contactar a los deudores y adaptar las opciones de regularización a cada situación.
El acceso al financiamiento formal aparece además como otro de los puntos señalados en el análisis. Los créditos otorgados por canales regulados cuentan con contratos, registros, mecanismos de reclamo e historial crediticio, mientras que el financiamiento informal no ofrece esas mismas herramientas y puede estar acompañado por métodos de cobro ilegales.
Por eso, el informe advierte que una menor disponibilidad de crédito formal para personas consideradas de mayor riesgo no elimina su necesidad de financiamiento, sino que puede llevarlas a buscar alternativas fuera del sistema regulado.
