La Cámara Federal porteña confirmó de manera unánime la medida cautelar ordenada por el juez federal Sebastián Casanello que impuso al Ministerio de Capital Humano informar el stock de alimentos que tienen almacenados en los depósitos de Villa Martelli y de Tucumán, y el cronograma de su entrega.
Según confirmaron fuentes judiciales, el fallo también ordenó, por mayoría, evaluar sanciones para los funcionarios de Sandra Pettovello, encabezados por la funcionaria Leila Gianni, y el abogado Juan Grabois por la escandalosa audiencia que protagonizaron este jueves en los tribunales federales.
“Corresponda recordar a la parte apelante, representada por la Ministra de Capital Humano, que la materia en examen es parte del universo que se nos ha encomendado a los jueces conocer; que en nuestra intervención se debate la primacía de la Ley Fundamental y la protección de los derechos básicos de todos los ciudadanos y que son esas directrices las que en el caso se han expresado, confiriendo legalidad y legitimidad a nuestra resolución. Por lo que, en aras de que las instituciones funcionen y se respeten, es que la Sra. Ministra de Capital Humano deberá ajustar su proceder al debido acatamiento de la orden judicial que aquí se confirma. De no hacerlo de ese modo en el plazo de 24 horas de notificada de este pronunciamiento, su conducta configurará el delito de desobediencia a una orden judicial (art. 239 del Código Penal), más allá de comunicar, a la ciudadanía, la traición a los postulados del sistema republicano”, le escribió el juez Farah.
Pero los cuestionamientos también fueron para Grabois luego de la audiencia de este jueves. “Las partes no contribuyeron en nada para la solución del caso. Todo lo contrario”, advirtió. “Pusieron en evidencia en los tribunales la misma intolerancia de muchas personas que se ve a diario a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, la falta de intención de arribar a entendimientos y la ausencia de una predisposición común para aportar soluciones eficaces y duraderas para los problemas económicos de los argentinos, que se acentúan desde hace décadas”.
El juez Irurzun repasó los términos de la causa y resaltó que “no es ésta la oportunidad para discutir la existencia o no del hecho ilícito, sino si lo decidido por el juez es proporcional y razonable”. Sostuvo además que “no es un dato menor” que el Ministerio de Capital Humano había adjuntado las fotografías e informe de stock de los depósitos, luego de que el titular del juzgado contencioso resolviera rechazar la cautelar solicitada, el 15 de mayo pasado, que la fiscalía trajo a colación lo allí actuado para reclamar en esta causa una medida de similar naturaleza. “Para entonces, cabe recordar, no se contaba con la información correspondiente a las fechas de vencimiento, las cuales recién se conocieron cuando el Ministerio de Capital Humano respondió el requerimiento”, sostuvo.
“Bajo tal perspectiva, sin desconocer que se tomaron acciones para distribuir los productos cuyo vencimiento está más cerca pero sin perder de vista que aún existen otros productos cuya caducidad se encuentra próxima, entiendo que corresponde confirmar la decisión del juez en cuanto solicitó al Ministerio de Capital Humano confeccionar el plan de distribución de ejecución inmediata, entiendo que corresponde confirmar la decisión del juez en cuanto solicitó al Ministerio de Capital Humano confeccionar el plan de distribución de ejecución inmediata, encomendándole a su vez que ajuste y reencamine la pesquisa de conformidad con el objeto penal denunciado”.
A su turno, el juez Boico afirmó: “mientras se profundizaba la investigación en derredor de cuestiones atinentes a la ejecución presupuestaria, los mecanismos, los procesos, las normativas y el estado de situación de la asistencia hasta entonces brindada por el Estado, se tomó conocimiento de la existencia de importantes cantidades de alimentos almacenados en depósitos del organismo denunciado que parecían hallarse ociosos, pese a los múltiples reclamos presentados por las entidades comunitarias a consecuencia de la realidad acuciante que atraviesa un sector importante de la población”.
Así el juez le contestó a Gianni. “A cuenta de ello, insisto, no es cierta la vehemente afirmación, incluso desmedidamente adjetivada, de que el Poder Judicial de la Nación estaría invadiendo incumbencias exclusivas del Poder Ejecutivo al pretender instrumentar políticas de Estado referidas a la distribución alimentaria orientada a colectivos vulnerables. Es justamente lo contrario”.
