El juicio oral contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo por el caso Hotesur y Los Sauces amenaza con demorarse. Esto es así porque la exvicepresidenta planteó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia para que revise la decisión de revocar su sobreseimiento en esta causa, en la que está acusada junto con su hijo y otros 24 imputados, entre empresarios y exfuncionarios, de lavado de dinero.
Ahora, los jueces del Tribunal Oral Federal N°5 se reunirán, probablemente la semana entrante, para definir si con este recurso ante la Corte pendiente están en condiciones de seguir adelante con los trámites previos y fijar la fecha de inicio para el juicio oral y público.
Los jueces que deben tomar esta decisión son Adriana Palliotti, Nicolás Tosellí y José Michillini, que preside el tribunal en este caso. Será Michillini quien convocará a ese acuerdo para conocer el criterio de sus colegas y determinar si pueden avanzar ya mismo con el juicio oral o deben esperar que la Corte se pronuncie.
Hay un criterio compartido por muchos magistrados que indica que en situaciones como esta, donde los acusados vienen sobreseídos por un tribunal oral, y la Cámara de Casación revoca ese sobreseimiento, antes de hacer el juicio oral se debe aguardar a que la Corte se pronuncie sobre el recurso de queja. Esto es así porque si el máximo tribunal admite la queja y desestima el fallo de la Casación estando el juicio en marcha, se avanzaría sobre la presunción de inocencia de los acusados.
La Corte no tiene plazos para resolver si admite o no el recurso de queja de la exvicepresidenta. Aunque la Corte tendría la voluntad de no dejar el asunto en el olvido y tratarlo sin dilaciones -dijo una fuente de Comodoro Py-, hasta que no haya una sentencia del máximo tribunal el caso no podría avanzar hacia el juicio.
No ocurre esto en otros casos en los que los acusados plantean un recurso de queja ante la Corte, pero llegan a juicio oral procesados y con un fallo de Casación que deja firme ese procesamiento. En esas circunstancias, si se realiza el juicio.
Cristina Kirchner, que reapareció hoy con una carta abierta con críticas a la gestión de Javier Milei, está condenada a 6 años de cárcel en la causa Vialidad, por el delito de administración fraudulenta al haber favorecido al empresario Lázaro Báez en la obtención de obras públicas en Santa Cruz. Ese fallo está siendo revisado por la Cámara de Casación.
Asimismo, la exvicepresidenta ahora sin fueros, había sido sobreseída por los jueces Daniel Obligado y Adrián Grunberg en el caso Hotesur y Los Sauces sin necesidad de llevarla a juicio oral. Es un caso de lavado de dinero en el que se analiza si el dinero de las licitaciones con el que se favoreció a Lázaro Báez retornó en parte al patrimonio de Cristina Kirchner y de su hijo Máximo.
Pero la Cámara de Casación decidió el 18 de septiembre pasado reabrir este caso, revocar el sobreseimiento y realizar el juicio oral y público. Los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone sostuvieron que Obligado y Grunberg no esgrimieron ninguna “prueba nueva” que justificara la decisión de cerrar la causa sin ir a juicio.
La regla es que una vez que el caso transitó toda la etapa de instrucción y llegó al tribunal oral, el juicio debe hacerse. Pero el Código Procesal Penal admite, como excepción, que los jueces sobresean a un acusado “cuando por nuevas pruebas resulte evidente” que no hay delito o que el acusado es inocente. La razón es evitar un juicio innecesario.
Pero los jueces dijeron que este no era el caso. Petrone y Barroetaveña sostuvieron que los jueces que sobreseyeron a Cristina Kirchner lo hicieron basados en dos elementos que no son “pruebas”: los requerimientos de elevación a juicio de dos casos vinculados, la causa Vialidad (en la que finalmente la exvicepresidenta fue condenada) y el caso Oil Combustibles (en el que fueron absueltos los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, y fue condenado el exfuncionario Ricardo Echegaray). Los camaristas afirmaron que el requerimiento de elevación a juicio es la acusación que hace la fiscalía, no una “prueba”.
Contra esa sentencia que la mandaba nuevamente a juicio en el caso Hotesur y Los Sauces, Cristina Kirchner planteó ante la Casación un recurso extraordinario que fue rechazado. Luego, planteó otro recurso de queja que llegó a la Corte los últimos días de 2023.
Uno de los argumentos del recurso de queja de la vicepresidenta es que esta causa es parte de una “persecución” y que el fallo de la Casación fue dictado por dos jueces (Barroetaveña y Petrone) sin el voto de la jueza Ana María Figueroa, que fue cesada en sus funciones por la Corte al haber cumplido 75 años, sin haber obtenido un nuevo acuerdo del Senado.
La exvicepresidenta se quejó de que Petrone y Barroetaveña firmaron las sentencias “sin siquiera haberse expuesto las razones por las cuales no se convocó a un tercer juez para deliberar”. Figueroa se iba a pronunciar por confirmar los sobreseimientos.
En el caso Hotesur y Los Sauces, el fiscal que acusará en el juicio es Diego Velasco que quiere avanzar ya con el proceso. Por eso, pidió incorporar nuevas pruebas del caso de la “Ruta del dinero K” y del caso Vialidad. Del primero pidió el entrecruzamiento de llamadas entre Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez, que registraron más de 370 comunicaciones incluyendo las de sus allegados. Y del caso Vialidad solicitó como pruebas los mensajes del celular del ex secretario de Obras Públicas José López, el de los bolsos con dinero en el convento. Allí había mensajes que hablaban de un plan para limpiar evidencias.
Mientras tanto, aún resta realizar una instrucción suplementaria en esta causa antes de ponerle fecha al juicio oral. También faltan terminar algunos peritajes. Todas medidas de prueba, que estima la fiscalía, se podrían realizar ahora para ponerle fecha al juicio a fin de año. Pero esta presunción puede quedar en la nada si es que los jueces del tribunal oral deciden que hay que esperar a que la Corte resuelva el recurso de queja de la exvicepresidenta antes de avanzar con la organización del juicio oral.
