El debate sobre la reforma del sistema electoral volverá al Senado el próximo martes 17 de noviembre, cuando se reúna la Comisión de Asuntos Constitucionales para analizar el proyecto impulsado por el Gobierno. La iniciativa tiene como principal objetivo eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), aunque también propone modificar el financiamiento de las campañas, el funcionamiento de los partidos políticos y distintos aspectos del proceso electoral.
La convocatoria fue realizada por Agustín Coto, titular de la comisión, para las 15 en el Salón Arturo Illia, después de dos meses sin actividad. La decisión sorprendió a varios integrantes de La Libertad Avanza, incluida la presidenta del bloque, Patricia Bullrich, que no tenía previsto avanzar con esa instancia. Dentro del espacio reconocen que todavía no están garantizados los respaldos necesarios para conseguir un dictamen.
El oficialismo deberá reunir las firmas para avanzar con el tratamiento, pero también resolver una negociación paralela con los bloques dialoguistas del PRO y la UCR. Estos espacios condicionaron su acompañamiento a que se avance con Ficha Limpia, una iniciativa que el Gobierno ya manifestó que no comparte. Por ese motivo, se espera que durante la reunión del martes las distintas fuerzas presenten dictámenes propios sobre el tema. Entre los aliados sostienen que, sin un acuerdo sobre Ficha Limpia, no habrá respaldo para el resto de la reforma.
La discusión por las PASO acumula varios meses de demoras. Durante los últimos diez meses, la comisión encargada de analizar el proyecto se reunió apenas en dos oportunidades, sin lograr avances y con ambas instancias concluidas en cuartos intermedios. Las diferencias estuvieron vinculadas, principalmente, con la postura del oficialismo, que primero aceptó evaluar una suspensión de las primarias y luego volvió a impulsar su eliminación definitiva.
La propuesta contempla, además, nuevas condiciones para el reconocimiento y la continuidad de los partidos políticos. Para obtener personería jurídica, las agrupaciones deberán contar con reconocimiento en al menos diez distritos y cumplir requisitos adicionales de afiliación y participación electoral. También podrán perderla si no compiten en dos elecciones nacionales consecutivas o si no alcanzan el piso de votos establecido. El proyecto restringe las posibilidades de fusionar partidos y conformar alianzas, y prohíbe contratar personas extranjeras para prestar servicios de campaña.
Otro de los cambios centrales está relacionado con el financiamiento electoral. La iniciativa elimina los aportes estatales destinados específicamente a las campañas y amplía la participación de fondos privados. Tanto personas como empresas podrían realizar contribuciones sin un límite máximo, bajo mecanismos de registro y control que permitan identificar el origen de los recursos. El argumento oficial para impulsar este esquema es reducir la posibilidad de que el narcotráfico intervenga en el financiamiento político.
El Fondo Partidario Permanente se mantendría, aunque con modificaciones en los criterios para distribuir los recursos. A su vez, los partidos tendrían nuevas obligaciones para informar de dónde provienen los fondos y en qué se utilizan.
La reforma también introduce modificaciones en la Boleta Única de Papel. Entre ellas, incorpora la posibilidad de votar por la lista completa de una agrupación y reunir en un mismo instrumento las categorías nacionales, provinciales y municipales. Además, elimina los espacios gratuitos de publicidad electoral en medios audiovisuales y propone suspender la elección directa de los representantes argentinos al Parlamento del Mercosur, que pasarían a ser designados de manera indirecta por la Cámara de Diputados. También se incorporan herramientas digitales para la afiliación partidaria y nuevos requisitos de avales ciudadanos para presentar candidaturas.
El tratamiento legislativo se desarrolla en medio de una interna cada vez más visible dentro del oficialismo. Bullrich sostuvo en distintas oportunidades que el Gobierno no cuenta con los votos necesarios para avanzar, mientras que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, expresó una posición más optimista sobre las posibilidades de reunir apoyos. La senadora planteó que el funcionario debería encargarse de conseguir el respaldo de los gobernadores para destrabar la iniciativa.
En paralelo, en los pasillos del Senado circulan versiones sobre una posible reprimenda de los hermanos Milei a Bullrich por sus reiterados distanciamientos de la Casa Rosada. La convocatoria realizada sin una comunicación previa con todos los integrantes del bloque alimentó las especulaciones sobre quién tomó la decisión y con qué respaldo político. Algunos legisladores se preguntaban si Coto había actuado por iniciativa propia o con el aval de Bullrich o de Nadia Márquez, vinculada al sector que responde a Karina Milei. También se mencionó que la senadora había comenzado a evaluar un posible Plan B ante la falta de consensos.
Las negociaciones por la reforma electoral se cruzan, además, con las discusiones por el Presupuesto. Este miércoles habrá una reunión en la Cámara de Diputados para definir cómo continuará el tratamiento del proyecto, aunque todavía no existe un acuerdo entre el oficialismo y los bloques dialoguistas. El PRO, la UCR y las fuerzas provinciales deben resolver si acompañarán un dictamen sin tener certezas sobre los fondos que recibirán sus distritos.
Entre los aliados persisten cuestionamientos por la falta de definiciones presupuestarias, las negociaciones sobre las listas electorales en las provincias y el envío de pliegos judiciales. La falta de respuestas en esos frentes debilita la posibilidad de que el Gobierno consiga apoyos legislativos sin ofrecer acuerdos concretos a los espacios que necesita para avanzar.
El calendario electoral agrega presión a las negociaciones. Neuquén anunció que realizará sus elecciones el próximo 14 de febrero, con lo que comenzará a ponerse en marcha el cronograma de comicios en el país. El Congreso deberá aprobar la reforma antes de que finalice diciembre para respetar los plazos mínimos establecidos por los organismos internacionales.
Con la reunión del martes, el Senado volverá a poner en discusión una iniciativa que enfrenta obstáculos tanto por las diferencias internas del oficialismo como por las condiciones planteadas por sus aliados. La posibilidad de eliminar las PASO dependerá de que el Gobierno consiga reunir los consensos necesarios en un escenario político atravesado por otras negociaciones pendientes.
