La solicitud fue presentada luego del fallo de la Corte Suprema del 29 de septiembre, que revocó una decisión de la Cámara Federal de La Plata y rechazó por falta de legitimación la demanda impulsada por el CECIM. El máximo tribunal aclaró que su decisión no implicó un pronunciamiento sobre la validez del artículo 154 ni sobre las facultades que corresponden al Congreso en relación con la norma.
A partir de esa decisión judicial, la derogación de la Ley de Tierras mantiene sus efectos y quedaron sin vigencia las restricciones establecidas por la Ley 26.737 para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Entre ellas se encuentran los límites a los porcentajes de propiedad a nivel nacional, provincial y departamental, las restricciones vinculadas con la nacionalidad y la superficie de los terrenos, y la prohibición de adquirir inmuebles ubicados en zonas ribereñas de cuerpos de agua de importancia y permanentes.
En este contexto, Pichetto y Massot sostienen que la medida cautelar resulta necesaria para impedir que, mientras el Congreso analiza la situación, las operaciones realizadas durante este período queden protegidas como derechos adquiridos. “Buscamos evitar que, mientras el Congreso se pronuncia, se consoliden como derechos adquiridos compras de tierras por extranjeros”, señaló Pichetto.
Los legisladores cuestionan además que la derogación de la Ley de Tierras haya sido dispuesta mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia. Según los argumentos incluidos en la presentación, no se habrían configurado las circunstancias excepcionales previstas por la Constitución Nacional para recurrir a este mecanismo, ya que el Congreso se encontraba en condiciones de funcionar y el Poder Ejecutivo remitió el decreto al Poder Legislativo seis días después de su firma. A esto se suma que el Senado rechazó el DNU en marzo de 2024.
El escrito plantea también que las tierras rurales y los cuerpos de agua constituyen recursos naturales estratégicos, escasos y no renovables, por lo que su regulación debería quedar bajo la órbita del Congreso Nacional.
Ante la urgencia planteada, los diputados solicitaron que se dicte una medida interina de aplicación inmediata mientras se resuelve la cautelar. Como alternativa, pidieron que se adopten medidas destinadas a preservar el Registro Nacional de Tierras Rurales, conservar la información sobre las adquisiciones realizadas por extranjeros y garantizar la publicidad del proceso judicial.
