Los denominados gastos tributarios corresponden a los recursos que el Estado resigna al aplicar condiciones impositivas diferentes de las establecidas por el régimen general. El propio proyecto de Presupuesto advierte que se trata de una estimación de carácter teórico y potencial.
Para 2027, el cálculo oficial asciende a $51.914.317,8 millones. De ese total, $45.692.398,7 millones corresponden a tratamientos especiales establecidos en las leyes de los distintos impuestos, mientras que otros $6.221.919,1 millones están vinculados con regímenes de promoción económica, entre ellos el correspondiente a Tierra del Fuego.
El IVA concentra la mayor parte de los recursos que el Estado dejaría de percibir. El costo estimado para ese impuesto alcanza los $18.825.030,1 millones, equivalente al 1,33% del PBI. El 92,5% de ese monto surge de las exenciones y alícuotas reducidas previstas en la propia ley del tributo, mientras que el resto corresponde a distintos regímenes promocionales.
Una de las principales incógnitas está relacionada con el RIGI, que establece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para grandes inversiones en sectores como minería, petróleo y gas, energía, infraestructura y siderurgia. El proyecto de Presupuesto no incorpora una estimación sobre cuánto dejará de recaudar el Estado por este régimen durante 2027.
La explicación oficial es que buena parte de los proyectos alcanzados todavía se encuentra en las primeras etapas de implementación. Por ese motivo, el impacto fiscal podrá determinarse con mayor precisión a medida que las inversiones avancen y comiencen a desarrollar plenamente sus actividades.
El diputado nacional Guillermo Michel cuestionó la ausencia de una cifra y estimó que, bajo un escenario de plena ejecución de los proyectos aprobados, los beneficios del RIGI podrían representar un costo fiscal anual de US$3.359 millones, equivalente a 0,49 puntos del PBI.
Ese cálculo, sin embargo, no implica que ese vaya a ser el costo efectivo del régimen durante 2027. Una parte importante de las inversiones todavía está en etapa de construcción y, en consecuencia, aún no genera ganancias ni distribuye dividendos. Además, varios proyectos todavía no comenzaron a importar el equipamiento previsto.
Dentro del RIGI, uno de los beneficios que ya tiene un impacto concreto es la exención de derechos de importación para bienes de capital nuevos, repuestos, partes y componentes destinados a los proyectos incorporados al régimen.
De las 23 iniciativas aprobadas hasta el momento, ocho realizaron compras externas. En conjunto, esas operaciones alcanzaron los US$451,3 millones. Los otros 15 proyectos todavía no llegaron a la etapa de adquisición de equipamiento.
El volumen de importaciones realizadas no equivale, sin embargo, al monto que efectivamente dejó de ingresar a las arcas públicas. Para determinar el gasto tributario generado por este beneficio es necesario establecer qué arancel habría correspondido a cada producto importado si las operaciones no hubieran contado con las ventajas previstas por el RIGI.
A medida que los proyectos comiencen a producir y a generar ingresos sujetos al pago de impuestos, adquirirán mayor relevancia otros beneficios contemplados por el régimen. Por ahora, el impacto más tangible se concentra en las operaciones de importación ya realizadas.
