En las mesas de diálogo sobre maíz y trigo, los ministerios de Agricultura y de Desarrollo Productivo, dirigidos por Luis Basterra y Matías Kulfas, respectivamente, presentaron una propuesta que contempla facilitar el acceso al crédito para pequeños y medianos productores. Esto se haría a través de garantías totales o parciales para respaldar los créditos otorgados por entidades financieras destinadas a aquellos que requieren trigo y maíz para la alimentación del ganado o la producción de alimentos en el mercado local.
Los préstamos que serán proporcionados por bancos públicos y privados contarían con el respaldo del Fondo de Garantías Argentino (Fogar). De esta manera, los productores no tendrían que trasladar de inmediato eventuales incrementos en sus costos de producción a los precios finales, lo que les permitiría manejar mejor los desajustes económicos.
La propuesta tiene un enfoque particular en los criadores de ganado y los molinos de trigo, buscando frenar el aumento de precios en la carne y el pan. Además, el Gobierno ha solicitado a cada sector un análisis detallado sobre la demanda de granos, con el fin de trabajar con los productores primarios en la búsqueda de estabilidad en precios y cantidades. Por ejemplo, la industria avícola ha reportado haber superado los problemas inmediatos, y los molinos tienen la esperanza de salir de la crisis a corto plazo.
Otra medida que se está evaluando, aunque aún se encuentra en etapas preliminares, es la posibilidad de expandir las operaciones de cobertura a través del Rofex, lo que permitiría asegurar volúmenes anuales a precios más bajos.
Los representantes del sector agropecuario, organizados en la Mesa del Maíz y la Mesa del Trigo, han sugerido al Gobierno la creación de un “fondo anticíclico alimentario”. Este fondo utilizaría parte de los ingresos adicionales que el Tesoro espera recaudar este año gracias a la inesperada subida de los precios internacionales de las commodities, generando un colchón que posibilite “desacoplar” los precios internos, una de las aspiraciones que persigue el Gobierno para evitar que el aumento en los precios internacionales se traslade al mercado local.
Las proyecciones indican que el Gobierno podría recaudar este año alrededor de $ 5835 millones por derechos de exportación, pero con los precios actuales, esta estimación podría superarse significativamente, permitiendo al Estado generar ingresos por más de $ 8000 millones. El sector agropecuario espera que una fracción de esos $ 2200 millones adicionales se reinviertan en la actividad, aunque es probable que parte del superávit se destine a cubrir la demanda de insumos importados en la industria.
Según trascendió, el Gobierno ha optado por no avanzar en el aumento de las retenciones a las exportaciones de granos para evitar tensar las relaciones con el campo, lo que podría poner en peligro una agenda de trabajo que va más allá de la coyuntura.
Sin embargo, la inflación en alimentos es motivo de preocupación para varios funcionarios, especialmente luego de que la canasta básica alimentaria -indicadora del umbral de indigencia- haya incrementado más de 10 puntos por encima de la inflación general de 2020, alcanzando un aumento del 45,5%. En un año electoral, con los ingresos perdiendo frente a la inflación, es probable que se implementen medidas drásticas.
El jueves pasado, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, participó de una reunión del gabinete económico para informar sobre el impacto de las subas de precios a nivel internacional y las medidas que está impulsando el Gobierno junto a la cadena agroalimentaria para garantizar que los alimentos tengan “valores razonables para la población”. Basterra reconoció que “se están identificando los instrumentos para lograr un desacople de los precios” y enfatizó que el Gobierno trabaja para que las acciones que se implementen cuenten con “el consenso de todos los actores”.
