La nota dirigida a Kristalina Georgieva solicita un “urgente análisis” del proyecto y plantea la necesidad de revisar las metas acordadas con la Argentina. Los legisladores sostienen que el texto enviado al Congreso presenta riesgos institucionales y fiscales y que, en un año electoral, podría otorgar un amplio margen de discrecionalidad al Poder Ejecutivo sobre el manejo de los recursos públicos.
Entre los principales cuestionamientos aparece el cálculo del resultado fiscal. Según los legisladores, el Gobierno proyecta para la Administración Pública Nacional un superávit primario de $15,4 billones, equivalente a aproximadamente 1,1% del PBI, pero ese cálculo no contemplaría el gasto tributario asociado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La estimación incluida en la carta ubica ese gasto tributario en USD 3.359 millones anuales, equivalente a 0,49 puntos porcentuales del PBI, tomando como referencia que el 47% de las inversiones se desembolsaría hasta 2028. Para los diputados, esa omisión implicaría una sobreestimación del superávit previsto.
Otro de los puntos señalados corresponde a la denominada Jurisdicción 91. Según la presentación, las asignaciones previstas para ese concepto pasarían de $5,6 billones a $14,8 billones, mientras que $7,7 billones no tendrían, de acuerdo con el planteo opositor, una ley o criterio de distribución específico.
Los legisladores también cuestionan que no se detallen programas con metas físicas y que únicamente figure la referencia a “Obligaciones a Cargo del Tesoro”. En su interpretación, esa partida podría ser utilizada para asistir a provincias que tengan dificultades para afrontar el pago de salarios u otras necesidades financieras.
El tercer eje de la presentación está relacionado con la inversión financiera neta. La carta señala que ese concepto prácticamente se duplicaría en términos nominales entre 2026 y 2027: pasaría de $9,8 billones a $17,4 billones.
Los diputados plantean que una parte significativa del resultado financiero o de las fuentes netas podría destinarse a inversiones financieras temporarias o a disponibilidades en caja y bancos. A partir de esa proyección, cuestionan la decisión de acumular liquidez mientras, según sostienen, existen áreas consideradas prioritarias como discapacidad, educación e infraestructura pública.
La carta también recuerda que el FMI no solo analiza la evolución macroeconómica argentina y actualiza sus proyecciones, sino que puede modificar las metas cuantitativas acordadas. Por ese motivo, los legisladores solicitaron que el organismo examine el contenido del Presupuesto 2027 antes de continuar con la evaluación del programa.
La presentación fue suscripta, entre otros, por Germán Martínez, Guillermo Michel, Agustín Rossi, Victoria Tolosa Paz, Cecilia Moreau, Carlos Castagneto e Itaí Hagman.
En paralelo, la misión del FMI comenzó en el país la tercera revisión del acuerdo de facilidades extendidas. Uno de los principales puntos de análisis será el cumplimiento de la meta de superávit fiscal primario anual, fijada en 1,4% del PBI.
El organismo también deberá evaluar el resultado correspondiente al primer semestre del año. Para ese período, la meta establecida era de 0,7% del PBI y, de acuerdo con los datos mencionados en el marco de la revisión, el resultado quedó 0,6 puntos porcentuales por debajo del objetivo.
La misión está encabezada por Joyce Wong y analizará las causas de ese desvío, además de las medidas que el Gobierno prevé implementar para compensar la diferencia acumulada y alcanzar las metas previstas para el cierre de 2026.
Entre los compromisos asumidos durante la segunda revisión del programa se encuentran la postergación de determinadas iniciativas de reforma laboral, una mayor recaudación a través de impuestos específicos y una nueva focalización de los subsidios destinados al transporte.
