Más de un año después, el análisis sostiene que el aumento de la morosidad de las familias confirma aquellas advertencias, con un deterioro particularmente marcado en los créditos otorgados por entidades no bancarias, entre las que ganaron participación las plataformas financieras digitales y las billeteras virtuales.
El planteo apunta a que el problema no debería analizarse únicamente desde la situación del sistema financiero. Cuando una familia destina una proporción cada vez mayor de sus ingresos al pago de cuotas, intereses y otros cargos vinculados con sus deudas, dispone de menos recursos para adquirir alimentos y otros bienes esenciales.
En ese contexto, se plantea que la regulación de bancos y aplicaciones financieras debería quedar bajo la supervisión del Banco Central y que uno de los principales indicadores para evaluar el funcionamiento del sistema debería ser el nivel de morosidad.
El argumento es que cuando una entidad otorga préstamos de manera inadecuada y acumula créditos que luego resultan incobrables, ese costo termina trasladándose a las tasas de interés. De esta manera, los consumidores que cumplen con sus obligaciones también terminan absorbiendo parte del costo generado por quienes no pueden pagar.
Como alternativa, se propone analizar un esquema que contemple mayores exigencias regulatorias o encajes para las entidades que presenten niveles elevados de morosidad. El objetivo planteado no sería establecer un control directo sobre las tasas de interés, sino promover condiciones de otorgamiento de crédito más responsables.
A esta situación se suma el impacto de la carga impositiva sobre el financiamiento. Tributos como Ingresos Brutos, el impuesto de Sellos y distintas tasas provinciales y municipales incrementan el costo final de los créditos y, por lo tanto, el monto que deben afrontar los consumidores.
El planteo sostiene que la combinación entre el costo del dinero, los niveles de incobrabilidad y la carga tributaria termina generando un crédito más caro. En ese escenario, reducir la morosidad y eliminar los impuestos que encarecen el financiamiento de los préstamos personales aparecen como medidas vinculadas con la posibilidad de recuperar la capacidad de consumo de los hogares.
