En relación con la iniciativa aprobada por la Cámara alta, Kicillof afirmó que el proyecto tuvo modificaciones durante el tratamiento legislativo y cuestionó que el Gobierno avance con este tipo de leyes sin atender los reclamos de distintos sectores.
El mandatario bonaerense sostuvo que la eliminación del capítulo relacionado con la extranjerización de tierras fue una consecuencia del debate generado y consideró que el proyecto abrió una discusión sobre la defensa de la soberanía y el uso de los recursos del país.
Durante la jornada también criticó el operativo de seguridad desplegado durante la protesta realizada frente al Congreso contra la iniciativa oficial. Kicillof cuestionó el accionar de las fuerzas de seguridad y afirmó que la manifestación había sido convocada por distintos sectores, aunque luego derivó en incidentes.
Además, el gobernador se refirió al aumento del endeudamiento de las familias y vinculó la situación con la evolución de los ingresos y las condiciones financieras. Señaló que muchas personas recurren al crédito porque los salarios no alcanzan para cubrir necesidades básicas y cuestionó las medidas adoptadas por la administración nacional.
En ese sentido, afirmó que las facilidades para acceder al financiamiento pueden llevar a que personas que desconocen las condiciones de los créditos terminen con dificultades para cumplir sus obligaciones.
El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada fue aprobado en general en el Senado con 37 votos a favor y 33 en contra, luego de un debate que se extendió durante más de diez horas. La iniciativa también consiguió avanzar en la votación particular de sus capítulos.
Durante el tratamiento, el oficialismo retiró el apartado que proponía modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego ante la falta de respaldo suficiente. Previamente, también había dejado fuera los cambios vinculados a la posibilidad de venta de tierras productivas a personas físicas y jurídicas extranjeras.
Con esas modificaciones, el proyecto quedó reducido a cuatro capítulos. Entre sus principales puntos establece procedimientos abreviados para desalojos por usurpaciones y ocupaciones, además de fijar un plazo de 10 días hábiles para desalojar viviendas en casos de incumplimiento en el pago de alquileres.
La norma aprobada contempla que los procesos de desalojo, tanto urbanos como rurales, se tramiten mediante juicio sumarísimo. También permite que los propietarios soliciten la restitución inmediata del inmueble frente a ocupantes ilegítimos o tenedores precarios durante el proceso judicial, bajo determinadas condiciones.
El proyecto incorpora además cambios al régimen de expropiación de bienes privados por parte del Estado. La nueva regulación establece requisitos más estrictos para declarar un inmueble de utilidad pública, con la obligación de justificar de manera específica el objetivo perseguido y demostrar que la medida resulta adecuada, necesaria y proporcional.
