La cartera que conduce Sandra Pettovello informó que se llevará adelante “una inspección muestral” en escuelas para constatar que las entidades gremiales que adhieran a la medida de fuerza cumplan con el 75% de la prestación habitual del servicio educativo. En caso de detectar incumplimientos, el Gobierno anticipó que se aplicarán “los protocolos correspondientes” y las sanciones previstas.
Desde el Ministerio señalaron que la medida se basa en la Ley N.º 27.802, que incorpora a la educación como servicio esencial y establece obligaciones vinculadas a la continuidad de la actividad durante medidas de fuerza.
El Gobierno aclaró que la administración de los establecimientos educativos continúa bajo responsabilidad de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, pero sostuvo que el Estado nacional tiene la función de garantizar el derecho a la educación.
El paro fue convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) en rechazo a la falta de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente y se desarrollará en coincidencia con el regreso a clases tras el receso invernal en varias jurisdicciones.
Los gremios reclaman una actualización salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y mayores recursos para el sistema educativo. Desde las organizaciones sindicales también cuestionaron la declaración de la educación como servicio esencial al considerar que puede afectar el derecho constitucional a la huelga.
En paralelo, los sindicatos docentes nucleados en la CGT anunciaron un plan de medidas que incluye acciones gremiales, actividades informativas y una movilización. Además, prevén realizar una conferencia de prensa para exponer sus reclamos.
El Ministerio de Capital Humano sostuvo que la supervisión tiene como objetivo garantizar la continuidad de las clases y brindar previsibilidad a las familias frente a la jornada de protesta.
