Las autoridades consideran que actualmente no existe el margen político necesario para avanzar con un esquema de esa naturaleza. En los despachos oficiales sostienen que no hay capacidad para alcanzar un consenso entre los bloques aliados, por lo que la prioridad será ordenar las negociaciones sobre proyectos que tengan un impacto inmediato en la agenda de Javier Milei.
La Casa Rosada presentó el “shutdown” como parte de un paquete fiscal e institucional que el Presidente había querido impulsar para blindar el programa económico. Milei lo unió a la reforma del Banco Central, el mercado de capitales, Inocencia Fiscal y nuevas normativas fiscales, todo dentro de una agenda concebida como una rectificación de “91 años” de política monetaria y fiscal.
Sin embargo, desde Balcarce 50 ahora lo sitúan en un calendario diferente. “No está el texto final y tampoco hay mucho margen para tratar algo así”, comentan en el Gobierno. La lectura interna indica que una reforma de esta magnitud se asociaría más a un tratamiento amplio posterior a las elecciones, en caso de que el oficialismo triunfe el año que viene.
El proyecto se encuentra en una etapa preliminar. La propuesta original contemplaba la incorporación de una norma que prohibiera mantener gastos ajenos al Presupuesto y que impusiera una paralización parcial de áreas no esenciales en el caso de no contar con autorización legislativa para financiar el funcionamiento del Estado.
Sin embargo, el Ejecutivo admite que este diseño plantea discusiones jurídicas, políticas y administrativas delicadas, tales como qué organismos quedarían exentos, cómo se garantizarían los servicios esenciales, cuál sería el papel del Congreso y cómo prevenir una parálisis con repercusiones sociales o institucionales.
Por ello, la Casa Rosada opta por priorizar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La administración pretende llevar el proyecto al recinto en agosto para que se convierta en uno de los ejes económicos del segundo semestre, junto con la reforma electoral.
Desde Balcarce 50 señalan que los cambios al Banco Central cuentan con una mayor madurez política y técnica que el “shutdown”. El objetivo principal es limitar o prohibir el financiamiento del Banco Central al Tesoro, tanto de forma directa como indirecta, y reforzar la independencia de la autoridad monetaria frente al poder político.
El Gobierno pretende que la reforma establezca como mandato principal del Banco Central la preservación del valor de la moneda, además de revisar los mecanismos de adelantos transitorios, transferencias de utilidades, Letras Intransferibles y compras de deuda pública que puedan funcionar como asistencia al fisco.
Asimismo, se busca endurecer la gobernanza del organismo. En la Casa Rosada analizan establecer normas más rigurosas para la remoción del presidente y del directorio del Banco Central, así como implementar un régimen de responsabilidades y sanciones para los funcionarios que habiliten financiamiento monetario del déficit.
