Dentro de la delegación argentina también se encuentra Juan Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario de Lijo y actual titular de la Dajudeco, el organismo que protege la seguridad de las escuchas judiciales. Además, se menciona que Rodríguez Ponte es candidato para ocupar un juzgado federal vacante en Lomas de Zamora, en relación con pliegos que el Ejecutivo aspira a completar en tribunales federales.
Esta no es la única negociación en el ámbito del Congreso relacionada con Lijo, quien fue el candidato inicialmente promovido por el Gobierno para la Corte Suprema, en conjunto con Manuel García-Mansilla, y que ahora busca obtener el cargo en el Ministerio Público Fiscal. Estos aspectos, sumados a la situación de Adorni, le otorgan un matiz particular al viaje.
Por esta razón, los integrantes de la comitiva aclararon que Lijo no asistió a la reunión como invitado del Gobierno argentino, sino en su calidad de juez federal. No obstante, viajaron por separado. Junto a los tres mencionados, otros 15 funcionarios de diversas áreas completan la delegación argentina.
Similar al Club de París, el GAFI opera sin una sede oficial, funcionando como una “task force” que se reúne generalmente en el edificio de la OCDE. La prensa no tiene acceso a las deliberaciones, que se llevan a cabo en un entorno confidencial para facilitar el intercambio. Este plenario culminará el viernes, seguido de una conferencia de prensa virtual a cargo de su presidente.
El GAFI fue fundado en 1989 por el G7, cuyo encuentro de líderes se llevó a cabo este lunes en Evian, Francia. En abril de 1990, publicó sus 40 recomendaciones, diseñadas para ofrecer un
