Medicamentos y acceso a tratamientos en Argentina

Una paciente con cáncer avanzado ha llevado su reclamo a la justicia en busca de acceso a un medicamento que podría salvarle la vida. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ha documentado miles de situaciones similares en 47 países, incluido el medicamento pembrolizumab. Este fenómeno se observa en una amplia gama de tratamientos innovadores. Argentina destaca como el único país del mundo que cuenta con un biosimilar de este fármaco. De manera análoga, los moduladores del canal de cloro de las células epiteliales (elexacaftor, tezacaftor, ivacaftor) constituyen un tratamiento biológico desarrollado en el país para la grave enfermedad pediátrica conocida como fibrosis quística. En ambos casos, los medicamentos producidos localmente han logrado reducir los costos de tratamiento en un 60% a 80% en comparación con los precios de las drogas elaboradas por laboratorios internacionales, permitiendo así que más pacientes mejoren su salud. Estos casos son de interés global y son el resultado de un marco regulatorio que permitió ciertos márgenes de acción en el ámbito de las patentes farmacéuticas. Argentina presenta otros ejemplos similares, una realidad que presenta una moneda de dos caras, siendo la salud una de ellas.

El pembrolizumab es un compuesto utilizado en la lucha contra el cáncer. Según el informe del ICIJ, desde su aprobación por la FDA en 2014, su formulación original (Keytruda) ha generado ventas globales que superan los 163.000 millones de dólares. Detrás de esta impresionante cifra se encuentran décadas de investigación, riesgo financiero y un marco regulatorio diseñado para proteger la innovación, lo cual es completamente válido. Sin embargo, sin patentes y garantías de retorno razonable sobre la inversión, la industria farmacéutica carece de incentivos para descubrir los nuevos medicamentos que la humanidad necesita. En Argentina, el precio de Keytruda, antes de la competencia, era un 325% más elevado que en España, reafirmando que esta disparidad no está relacionada con la innovación, sino con el poder de monopolio del mercado, lo que tiene graves implicancias para la salud pública.

Keytruda no fue patentado en Argentina; su patente original fue desarrollada por la empresa Organon, que luego fue adquirida por Schering-Plough y posteriormente por Merck. Más allá de la controversia sobre los motivos específicos del registro incompleto, el laboratorio Elea culminó el desarrollo de Pembrox, el primer biosimilar global del pembrolizumab, cumpliendo con la legalidad vigente. Como resultado, el precio del medicamento se redujo más del 50%. En el mercado argentino, las ventas de este fármaco aumentaron de 50.000 a 80.000 unidades en tan solo un año, lo que ha permitido a más pacientes acceder al tratamiento, un avance clínico relevante.

Un caso similar tuvo lugar con el tratamiento para la fibrosis quística, también producido por un laboratorio argentino (Gador), que logró drásticamente reducir el costo de la medicación, facilitando a familias de diferentes partes del mundo su acceso a un tratamiento que de otro modo sería inalcanzable bajo los precios internacionales. Existen varios ejemplos más de esta situación.

Sería erróneo interpretar este caso como una oposición a la protección de la propiedad intelectual en el ámbito de la salud.