A partir de la violenta manifestación que se llevó adelante el miércoles por la tarde frente al Congreso, el Ministerio de Seguridad emitió una denuncia penal contra los hinchas de los clubes de fútbol que se hicieron presentes para acompañar la marcha de los jubilados. El Gobierno los acusó de acudir “con consignas que avizoraban el ejercicio de conductas violentas por grupos organizados de ‘barras bravas’ de diferentes parcialidades deportivas”.
Fernando Oscar Soto, director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio, fue quien radicó la denuncia con consentimiento de la titular de la cartera, Patricia Bullrich. Se presentó una acusación penal por los delitos de: sedición, atentado al orden constitucional y la vida democrática y asociacion Ilícita agravada, conforme lo previsto en los artículos 226, 229, 230, 213 bis y 210 quater del Código Penal de la Nación.
La presentación fue radicada ante la Justicia Federal N°11 y señala como presuntos responsables de los hechos al exlíder montonero Mario Firmenich, al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y a grupos organizados que habrían promovido los disturbios frente al Congreso, para desestabilizar el orden público. Además, el Ministerio cuestionó la decisión de la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de casi todos los detenidos sin haber analizado la prueba ni los antecedentes penales de ellos.
La denuncia del Gobierno
Según comunica el escrito, habían hinchas de los clubes de: Chacarita, Boca, River, 2 Independiente, Racing, Estudiantes, Gimnasia y Esgrima La Plata, Argentinos Juniors, Tigre, Lanús, Ferro Carril Oeste, All Boys, Atlanta, Temperley, Almirante Brown, Excursionistas, Deportivo Morón, Quilmes, Nueva Chicago, Los Andes, entre otros, que alteraron el orden público durante la jornada del miércoles. También se habría convocado el exjefe de Montoneros Firmenich a través de un video, aparentemente grabado en España, que se viralizó en redes sociales.
Desde la cartera denunciaron, a partir de la información de los medios periodísticos, la existencia de grupos organizados, “profesionales de la violencia”, que habrían sido pagados con la suma de $.50.000 a fin de “provocar disturbios” enfrentando a la policía y generar “represión”. “Esos grupos no solo provendrían de las parcialidades del fútbol (“barras bravas”), sino también del gremialismo y de la política”, apuntan.
“Efectivamente los grupos movilizados, que nada tenían que ver con una convocatoria de personas mayores de edad jubiladas, inmediatamente que llegaron a la zona del Congreso Nacional comenzaron a agredir a las Fuerzas de Seguridad con empujones, golpes, piedras, armas blancas y armas de fuego. Incendiaron objetos de la vía pública, un ciclomotor y un patrullero de las 3 Fuerzas de Seguridad, rompieron y dañaron bienes públicos y lesionaron a más de una docena de policías”, suma el escrito. Aunque también se enumeran vehículos policiales incendiados y motocicletas destruidas.
Ante la magnitud de los hechos, el Ministerio de Seguridad pide que se investigue y se impute a los responsables bajo los delitos contemplados en los artículos 226, 229, 230, 213 bis y 210 quater del Código Penal de la Nación, enmarcados en la reciente Ley Antimafias.
Por ello, se exigió que se impute a los detenidos y se requiera la declaración de incompetencia por “inhibición” a la jueza Karina Andrade, a cargo del Jugado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyas medidas de liberación fueron cuestionadas por la cartera liderada por Bullrich.
