Una de las primeras medidas que adoptó la gestión de Javier Milei fue la de liberar a las empresas de medicina prepaga para que puedan establecer actualizaciones de sus precios sin limitación alguna. Desde entonces, este servicio de salud se incrementó en un 124% a lo largo de 2024; apenas por debajo del crecimiento en el costo de vida que fue del 127,8%.
Con el argumento de recuperar el valor real de las prestaciones, estas empresas fueron aumentando las cuotas de sus afiliados casi todos los meses. Estos ajustes, a su vez, recayeron sobre jubilados y sectores medios causando un impacto negativo en las economías domésticas. Además, contribuyeron al incremento de la inflación; dato sensible para el Ejecutivo.
En atención a la necesidad de bajar los costos de los servicios de salud y ponerle un tope al encarecimiento, desde la Casa Rosada planean intervenir y emitir un decreto que limite el avance de las empresas de medicina prepaga y se enmarque dentro del nuevo esquema de inflación; vale recordar que según el último dato del Instituto de Estadística y Censos (INDEC), el IPC creció en un 2,2% en enero.
La idea es regular estas actualizaciones para que no alcancen a todos los afiliados, sino que se haga una escala según los diferentes tipos de planes. Por ejemplo, la cuota que pagan los jubilados no podría superar el triple del valor de lo que se les cobra a las personas en la franja de juventud.
Por su parte, las compañías de salud habían anunciado incrementos durante enero de entre el 3% y el 3,9% según el nivel de cobertura; cifras que se ubican muy por encima del porcentaje del IPC general. Algunas incluso llegaron a incrementar las cuotas a los afiliados en un 4%.
Esta no sería la primera medida que toma el Gobierno en contra de la medicina privada. A mediados de diciembre se dio a conocer la imputación que recayó sobre alguna de estas instituciones por supuesta cartelización. Se trata de las firmas: Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE. También fue imputada la Unión Argentina de Salud (UAS) y Claudio Belocopitt.
La demanda encarada por la Secretaría de Industria y Comercio tramita ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). El reclamo sigue en curso por el momento. Después de la presentación se fijó un plazo de alrededor de 90 días hábiles para que se produzca la prueba. De ser necesario, se podrá presentar una prórroga por 90 días hábiles más.
