Los industriales están particularmente interesados en que el Congreso avance este año en el debate del proyecto de ley conocido como “mini RIGI”, que el Gobierno presentó en noviembre pasado al cierre de la Conferencia anual de la UIA.
“Sería importante que se trate durante el período de sesiones ordinarias de este año”, afirmó el presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, a un grupo de periodistas.
El “mini RIGI” es resultado del reclamo de los empresarios por la sanción de la ley de Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones pensado para emprendimientos con un piso de u$s200 millones, que otorga estabilidad fiscal y cambiaria hasta 2038.
El proyecto de ley para las pequeñas empresas, en rigor, contempla algunos beneficios tributarios previstos en varias versiones anteriores de “Ley Pyme”, que sirven a los empresarios sobre todo si el Gobierno promete reducir la presión fiscal.
Pero más allá de ese punto estrictamente tributario, el Gobierno coló en el proyecto el Capítulo Laboral del DNU 70/2023 que fue bloqueado por diferentes fallos judiciales. Ese aspecto de la ley es el que está hoy por encima de los intereses de las empresas.
Se trata de una vieja aspiración de los empresarios que plantean que los convenios laborales actuales son obsoletos ante el vertiginoso avance de la tecnología y la Inteligencia Artificial.
En la UIA señalan que en los países desarrollados ya hay líneas de producción casi totalmente automatizadas donde los empleados solo tienen la función de controlar a las máquinas.
El problema de los juicios laborales
En la central fabril están preocupados además por el incremento de los juicios por accidente y enfermedades laborales. El 2024 hubo unos 120.000 a pesar de que los índices de siniestralidad están en caída. Las cuotas de las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART) subieron por encima del 3% de la masa salarial.
Solo una provincia, Mendoza, cuenta con una legislación acorde con la Ley de Riesgos del Trabajo Nacional, que incluye la creación de un cuerpo estables de peritos médicos. En el resto, el costo final de un juicio es indescifrable. Los procesos son largos y cuando el juez falla actualiza los montos por índices que fija arbitrariamente. El proyecto de “mini RIGI” pretende fijar una tasa equivalente al IPC más 3 puntos.
Beneficios fiscales
El proyecto incluye beneficios impositivos, desgravación de derechos de exportación para bienes industriales, devolución anticipada de IVA para inversiones que superen los u$s150 mil en caso de las empresas micro; u$s600 mil en las pequeñas; u$s3,5 millones para las medianas del tramo 1; u$s9 millones en las medianas del tramo 2; y u$s30 millones para el resto.
Las inversiones contempladas tendrán como beneficio la amortización acelerada de bienes para descuento del Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de IVA, que tendrá una reducción de los plazos desde 6 a 3 meses.
El proyecto de ley prevé la exención de derechos de exportación de bienes industriales, la reducción de contribuciones patronales sobre empleos incrementales y un bono de crédito fiscal para empresas que tomen trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal.
