La jueza Loratta Preska, del tribunal del distrito sur de Manhattan que lleva adelante el juicio por la expropiación de YPF, confirmó hoy uno de sus fallos anteriores y determinó que desde hoy Argentina puede recibir pedidos de embargos por parte de los querellantes en la causa.
El año pasado, la magistrada determinó que el Estado argentino era culpable de haber expropiado mal la petrolera de bandera en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta, y lo condenó a pagar el resarcimiento máximo establecido: 16.000 millones de dólares. El bufete inglés Burford Capital, que compró los derechos de litigio de dos ex accionistas minoritarios de YPF, es el ganador del juicio y es quien podría disparar los pedidos de embargos.
“La Jueza Preska le está diciendo al Gobierno argentino que se simpatiza con la inflación, la pobreza y otras urgencias que tiene el país, pero también le ‘recomienda’ que empiece a preparar la hoja de ruta para resolver el caso por la expropiación de YPF”, detalló en X Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors y especialista en este caso que ya lleva ocho años en los tribunales americano, donde se instruyó este juicio porque la petrolera cotiza en Wall Street.
“Si han identificado activos fuera de EEUU, tendrán que pedirle a una corte local en ese país que reconozca el fallo de una jurisdicción foránea, de Estados Unidos, y una vez que eso pase podría activarse los embargos. Aún cuando haya orden de incautación, Argentina la va a pelear para evitar que los querellantes se hagan de cualquier tipo de activo soberano. Todo esto está relacionado con la intención de Burford de obligar a Argentina a sentarse a negociar. Nadie quiere embargar, no estamos frente a fondos buitres. Burford ya dijo varias veces que quiere ser parte de la solución, no parte del problema. Quieren dialogar y cobrar la sentencia que les corresponde. Si Argentina quiere seguir pateando una pelota y apelar a ir a la Corte Suprema, los beneficiarios de fallo tienen todo el derecho de embargar porque la ley se los permite. Entiendo que no quieren hacerlo: es costoso y suelen ser trámites engorrosos y extensos”, detalló el experto.
