El Gobierno logró el mes pasado superávit de las cuentas públicas por segundo mes consecutivo, según confirmó el ministro de Economía Luis Caputo.
“El Resultado primario fue de $1.232.525 millones y el resultado financiero de $338.112 millones”, indicó. De este modo, el “resultado primario acumulado: $3.243.270 millones (0,5% PIB) y el Resultado financiero acumulado: $856.520 millones”.
Además, destacó que , entre los indicadores clave del mes pasado en las cuentas públicas, “la variación de los ingresos totales en términos reales fue de -6,3% y la variación real del Gasto Primario del -36,4%”.
Así, en los dos primeros meses del 2024, “la variación real de los Ingresos Totales cayó -2,5% y el Gasto Primario acumulado se redujo en un -38%”, precisó el funcionario.
El ministro difundió estos datos horas después de que el Gobierno sufriera un nuevo revés en el Congreso con el rechazo al DNU 70 por parte del Senado En el intento de enviar al mercado una señal de que el rumbo económico no se verá afectado . La misma estrategia implementó con el resultado fiscal de enero. Se trató de la primera vez que las cuentas públicas cerraban con saldo positivo en más de 15 años, lo que entusiasmó al mercado y sigue generando confianza. En ese momento, los datos fueron anticipados apenas se cayó en la Cámara de Diputados el tratamiento de la Ley de Bases.
En enero, de acuerdo a las estadísticas difundidas por Economía, los gastos corrientes primarios pasaron de $1.772.050 millones en enero de 2023 a $4.059.382 millones en igual mes de este año. Con eso, se registró un crecimiento nominal del 129,1%, la mitad de la inflación anual de ese período (254,2%). Aunque crecieron nominalmente, los gastos corrientes primarios se ajustaron 125,1 puntos por debajo del IPC. Dicho de otra forma, cayeron en picada.
Dentro de ese resultado, el recorte más notorio fue en las transferencias corrientes a provincias, que no sólo cayeron en términos reales, sino que se contrajeron incluso en términos nominales (-0,9%). También se ajustaron por debajo de la inflación los subsidios económicos (27,5% de aumento nominal entre enero de 2023 e igual mes de 2024), las transferencias a universidades (143,9%), las prestaciones sociales (149,2%) y los gastos de funcionamiento (154%).
El recorte fue, en términos porcentuales, mucho más marcado en los gastos de capital. Es que en forma conjunta demandaron un gasto de $77.105 millones, contra $155.093 millones de igual mes del año pasado, lo que implica una caída del 50% en términos nominales.
Dentro de las subcategorías de “gastos de capital”, el recorte más pronunciado se produjo en la Educación, que sufrió una caída nominal del 95,2% en las erogaciones. Le siguieron en orden descendente Vivienda (-88,1% nominal interanual), transporte (-66,3%), Agua potable y alcantarillado (-21,5%) y Energía (-19,2%).
Marina dal Poggetto, directora de la consultora Eco Go, cuestionó la sostenibilidad del resultado fiscal de enero. “La pregunta es si una megalicuación malthusiana de las jubilaciones, corte total de la obra pública y prácticamente total de transferencias a provincias, generando conflicto distributivo no solo entre capital y trabajo, sino entre la Nación y las Provincias, es sostenible”, planteó la economista. “Después del fracaso de la ley ómnibus. Milei tildó de traidores a los gobernadores. No hay una ‘Liga de Gobernadores’, no todos quieren estar del mismo lado, pero el riesgo es que los junte a todos”, señaló.
A su vez, un trabajo del Ieral sobre el ajuste fiscal señaló que la licuación de pesos y gasto realizada durante los primeros 60 días de gestión de Milei, “sólo puede darse por única vez”. El trabajo muestra, además, que 4 de 5 indicadores comparativos sobre la evolución de la actividad económica en la etapa inicial del gobierno de Macri vs igual período del gobierno de Milei dan resultados mucho peores a la actual gestión.
De hecho, el gobierno bonaerense, que encabeza Axel Kicillof, ya exigió formalmente, a través de una nota del ministro de Economía provincial, Pablo López, al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, el pago de supuestas deudas vinculadas a dos grandes conceptos. De un lado, la regularización de las transferencias acordadas en el Consenso Fiscal 2017 que -argumenta la provincia- “incluye, en primer lugar, la correcta actualización de las sumas correspondientes al año 2024, ya que ha habido una decisión deliberada de licuarla al aplicar una actualización muy por debajo de la inflación proyectada”. Del otro, a la cancelación de la deuda que se generó en 2023 por la diferencia entre la inflación efectiva y la proyectada, pues el año terminó con una inflación de 211%, un valor mucho mayor al previsto. Además, la provincia reclamó el envío del “Fondo para Fortalecimiento Fiscal” (concedido por decreto de Alberto Fernández en 2020, cuando recortó fondos a CABA para sofocar un reclamo policial de la policía bonaerense) y adelantó que hará lo propio con el Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y el Fondo Compensador del Interior.
