La decisión fue tomada por el juez de garantías Luciano Hermosilla, luego de escuchar los argumentos del Ministerio Público Fiscal y de la representación de la Fiscalía de Estado, que intervino como querellante.
Según la acusación, la concejal Mónica Beatriz Barrera habría participado en distintas instancias del expediente municipal que terminó con la transferencia a su nombre del Lote 10 de la Chacra 28, ubicado en Picada 9. La Fiscalía sostiene que integró la comisión que analizó la iniciativa, defendió la propuesta ante el Concejo Deliberante y votó a favor de su aprobación.
La investigación ubica el inicio del trámite el 25 de noviembre de 2024, cuando Barrera solicitó al Poder Ejecutivo municipal que dejara sin efecto una ordenanza de 1996. De acuerdo con la hipótesis fiscal, ese pedido tenía como finalidad obtener la adjudicación del inmueble fiscal.
El expediente avanzó posteriormente en el ámbito legislativo. El 24 de junio de 2025, la Comisión de Asuntos Institucionales emitió un despacho favorable a la propuesta, instancia en la que también habría intervenido la concejal. La Fiscalía cuestionó que ese procedimiento se desarrollara sin contar previamente con un dictamen jurídico formal.
Al día siguiente, durante la Sesión Ordinaria Número 13, Barrera expuso los fundamentos de la iniciativa y acompañó su aprobación con su voto. La ordenanza obtuvo tres votos afirmativos y dos negativos, y quedó formalizada bajo el número 1497/25, habilitando el cambio de titularidad del terreno.
El documento fue firmado por Marta Verónica González, quien se desempeñaba como viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante.
La Fiscalía también había solicitado que se formularan cargos contra González por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. La hipótesis acusatoria sostenía que no habría realizado los controles necesarios durante el tratamiento de la ordenanza. Sin embargo, el juez Hermosilla rechazó por el momento esa imputación, al considerar que existen dudas sobre la posibilidad de acreditar una actuación dolosa.
En cuanto a Barrera, la calificación legal atribuida es negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, en carácter de autora, de acuerdo con los artículos 265 y 45 del Código Penal.
Entre las presuntas irregularidades, la acusación señaló que la aprobación de la ordenanza no habría respetado las exigencias de la Carta Orgánica Municipal. Según planteó, para autorizar la operación se necesitaban cinco votos, equivalentes a dos tercios del Concejo Deliberante. También cuestionó que la venta de inmuebles municipales se realizara sin recurrir a una licitación pública o un remate.
Otro de los puntos observados fue la incorporación del dictamen jurídico al expediente. Según la Fiscalía, el documento se agregó minutos después de finalizada la sesión legislativa en la que se aprobó la transferencia del terreno.
Con la formulación de cargos, el Ministerio Público Fiscal contará con cuatro meses para profundizar la investigación y reunir los elementos necesarios para determinar las responsabilidades correspondientes.
En otro expediente judicial de relevancia en la provincia, la Justicia Civil de Neuquén condenó en primera instancia a la ex vicegobernadora Gloria Ruiz a pagar cinco millones de pesos, más intereses, por daño moral a raíz de una denuncia penal que había presentado y que posteriormente fue archivada.
La sentencia también le ordenó retirar de sus redes sociales las publicaciones vinculadas con las acusaciones contra Marcelo Severini, presidente de una cooperativa provincial de servicios públicos. Para cumplir con la disposición, la exfuncionaria recibió un plazo de diez días, bajo apercibimiento de nuevas sanciones económicas.
El reclamo civil fue iniciado por Severini, quien sostuvo que las imputaciones y su difusión pública habían afectado su honor y reputación. El tribunal hizo lugar parcialmente a la demanda y dispuso que Ruiz afrontara las costas del proceso.
El conflicto se había originado en diciembre de 2024, durante una crisis institucional en la Legislatura neuquina. Después de ser suspendida preventivamente, Ruiz presentó una denuncia ante la Justicia Federal de Buenos Aires contra ministros provinciales, legisladores y representantes de distintas instituciones.
Entre las personas señaladas se encontraba Severini. La presentación incluía presuntas maniobras de asociación ilícita, falsa denuncia, abuso de autoridad, cohecho y lavado de activos. En aquel momento, la defensa de la exvicegobernadora sostuvo que existía una operación destinada a desplazarla de la conducción de la Legislatura.
La causa pasó inicialmente por un juzgado federal de Buenos Aires, que se declaró incompetente por razones territoriales y remitió las actuaciones a Neuquén. Posteriormente, la Fiscalía Federal consideró que los hechos no correspondían a la competencia de ese fuero y derivó el expediente a la Justicia provincial.
Finalmente, el Ministerio Público Fiscal neuquino archivó la investigación por falta de tipicidad, al considerar que los hechos denunciados no encuadraban en una figura penal que justificara continuar con el proceso.
Al resolver la demanda civil, el magistrado entendió que la denuncia no describía hechos concretos que permitieran establecer una participación material de Severini en los delitos atribuidos. También señaló que no existían elementos mínimos que respaldaran las acusaciones.
El fallo sostuvo que el derecho a denunciar no habilita a formular imputaciones sin precisión sobre las conductas atribuidas ni sin un sustento probatorio suficiente. Sobre esa base, concluyó que la presentación había excedido los límites del ejercicio legítimo de ese derecho.




















