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El caso Adorni reaviva el debate sobre cómo probar el enriquecimiento ilícito

16 noviembre, 2026
in Política
El caso Adorni reaviva el debate sobre cómo probar el enriquecimiento ilícito
La explicación de Manuel Adorni sobre el origen de parte de su patrimonio, basada en supuestas ganancias obtenidas mediante inversiones en criptomonedas, abrió un debate sobre las posibles consecuencias de su caso en futuras investigaciones por enriquecimiento ilícito. Especialistas y exfuncionarios judiciales advierten que el criterio utilizado por la fiscalía podría ser retomado en otras causas, aunque señalan que todavía no existe una decisión judicial que establezca un precedente.

El caso también plantea interrogantes sobre las dificultades para reconstruir operaciones financieras realizadas años atrás y determinar quién estuvo detrás de ellas. La antigüedad de los movimientos y las características de las primeras plataformas de intercambio de criptomonedas pueden complicar la identificación de sus titulares.

Delia Ferreira Rubio, abogada, doctora en Derecho y expresidenta de Transparencia Internacional entre 2017 y 2023, consideró que la explicación presentada por Adorni incorpora un nuevo argumento al repertorio de defensas en causas por enriquecimiento ilícito. “En el caso Adorni, la excusa de las viejas billeteras olvidadas de criptomonedas es sin duda un nuevo argumento en el repertorio de explicaciones para justificar un patrimonio en los casos de enriquecimiento ilícito”, sostuvo.

La especialista, sin embargo, aclaró que la solidez de esa justificación dependerá de la evaluación judicial. “Obviamente -agrega la experta- la solidez y credibilidad de la justificación son apreciadas por la Justicia. El tiempo dirá si, a partir de este caso, se consolida una jurisprudencia según la cual la simple excusa de las viejas billeteras cripto se transforma en justificación suficiente”, completó.

Manuel Garrido, exjefe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, también advirtió sobre la posibilidad de que otras defensas recurran a argumentos similares. “Es evidente que, así como obtuvo éxito en este caso, las defensas probablemente van a echar mano de este tipo de planteos en casos análogos”, señaló. No obstante, remarcó que todavía habrá que esperar las resoluciones de los tribunales: “un dictamen de un fiscal no hace jurisprudencia”.

Garrido subrayó que, hasta el momento, no hubo “una decisión de la Cámara ni de la Corte Suprema, sino un dictamen de un fiscal con un evidente ánimo beneficiante en la valoración probatoria”. A su entender, el caso también podría motivar a la Procuración General de la Nación a establecer criterios para evaluar pruebas en expedientes similares. “Acá hay un tema de interpretación del delito, pero sobre todo de valoración probatoria que podría ser objeto de una instrucción de la Procuración”, explicó.

El criterio aplicado por el fiscal Gerardo Pollicita en la investigación sobre Adorni consideró que, para descartar la acusación por enriquecimiento ilícito, podía resultar suficiente acreditar el control actual de billeteras virtuales con movimientos anteriores al ingreso a la función pública y sostener que las ganancias obtenidas explicaban el crecimiento patrimonial. La fiscalía entendió que no había elementos suficientes para desmentir esa versión, aunque Adorni no logró demostrar que era titular de esas billeteras cuando se realizaron las operaciones.

En su dictamen, Pollicita reconoció que el relato del exfuncionario resultaba, en principio, “poco verosímil”. Sin embargo, a partir de un informe de Cibercrimen de la Policía Federal, consideró que no existían elementos para refutarlo y planteó que el caso debía investigarse como una posible evasión.

Pedro Biscay, abogado e integrante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, sostuvo que todavía no están claras las consecuencias que podría tener la aceptación de esa explicación. “No se si esto es una salida que podría replicarse en casos parecidos, como una suerte de regla general para hacerle trampa a los demás casos de enriquecimiento ilícito que hay en la Argentina”, señaló.

La defensa de Adorni argumentó que buena parte del patrimonio detectado durante la investigación sobre compras de inmuebles, reformas y viajes provenía de ganancias obtenidas mediante inversiones en Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018. Esas operaciones habrían tenido lugar antes de su llegada al Gobierno, cuando las plataformas digitales exigían menos requisitos para abrir cuentas y verificar la identidad de sus usuarios.

En 2019, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que establece estándares internacionales contra el lavado de dinero, aprobó una normativa para endurecer los requisitos de apertura de cuentas. Desde entonces, las plataformas comenzaron progresivamente a exigir que sus clientes acreditaran su identidad mediante nombre y apellido.

De acuerdo con la información presentada en la causa, Adorni acreditó que actualmente controlaba ocho billeteras virtuales que registraban 24 movimientos vinculados con plataformas de intercambio, todos anteriores a ese cambio normativo. Otros 17 movimientos mencionados por su defensa no pudieron asociarse siquiera con una plataforma centralizada.

Esa situación expone una dificultad para las investigaciones: en teoría, una persona podría obtener o comprar las claves de una billetera con operaciones antiguas, demostrar que tiene acceso a ella y presentarla ante la Justicia como respaldo de una explicación patrimonial.

Una fuente judicial de Comodoro Py que siguió de cerca el caso reconoció que la antigüedad de las operaciones representa un obstáculo para la acusación. “El desafío es permanente, más ahora con el mundo cripto”, afirmó. Sin embargo, también relativizó la facilidad para conseguir billeteras con movimientos de años anteriores: “Hay que conseguirlas… no hay un mercado abierto”.

María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera, no considera que el caso necesariamente vaya a establecer un precedente. Al igual que Biscay, entiende que el problema central estuvo en el desarrollo de la investigación y en las medidas de prueba que no se habrían agotado.

Talerico cuestionó que Pollicita desistiera de avanzar con la acusación por enriquecimiento ilícito ante la falta de certezas. “Para decidir que no avanzás en la etapa de instrucción, tenés que tener certeza negativa, certeza absoluta negativa. Si no, el fiscal tiene que avanzar”, afirmó. Y agregó: “Ahora resulta que no tenemos certezas y la incertidumbre beneficia a los imputados. En esta etapa de procesos como éste, eso no existe”.

Biscay, por su parte, señaló que el análisis patrimonial no habría ponderado adecuadamente los gastos del exfuncionario y cuestionó que la fiscalía considerara suficiente que tuviera acceso a las billeteras. “Tener la llave de la caja de seguridad, según esa tesis, te hace propietario del contenido de la caja de seguridad, lo cual es una falacia”, sostuvo.

Ferreira Rubio también planteó dudas sobre la valoración de la prueba y consideró que la explicación basada en las criptomonedas convenció al fiscal, pero no despejó todos los interrogantes. “En este caso la excusa de las criptmonedas parece haber convencido al fiscal. Las dudas quedan. Ahora hay que esperar la decisión del juez”, expresó.

La resolución está ahora en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá determinar si avala el criterio de Pollicita y dispone la remisión de la causa al fuero penal económico. Hasta entonces, el alcance de la explicación presentada por Adorni y su posible impacto en otras investigaciones por enriquecimiento ilícito seguirá abierto a debate.

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