Aunque los mandatarios provinciales no mantienen una estrategia común, comparten una preocupación central: cómo conseguir mayores recursos para afrontar el próximo año electoral.
Un informe elaborado por los economistas Marcelo Capello y Gaspar Reyna, del Ieral de la Fundación Mediterránea, advierte que el crecimiento de la recaudación nacional no responde a una mejora de los impuestos vinculados con la actividad económica. Según el relevamiento, el incremento se explica principalmente por Ganancias, las retenciones y los tributos sobre los combustibles. En cambio, el IVA y el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios, relacionados con el nivel de actividad, registran caídas.
La situación de las provincias es todavía más desfavorable. La recaudación tributaria propia muestra descensos interanuales desde febrero. En septiembre, último mes relevado, los ingresos del conjunto de las jurisdicciones cayeron un 9,5% real respecto del mismo mes del año anterior. Durante los primeros nueve meses de 2026, la contracción acumulada alcanzó el 4%.
El principal factor detrás de esa caída es Ingresos Brutos, cuya recaudación retrocedió todos los meses del año, excepto en enero. Entre enero y septiembre, la baja acumulada llegó al 4,7% interanual en términos reales. El deterioro de este recurso, central para las finanzas provinciales, también atraviesa las discusiones sobre el Presupuesto 2027.
En la Cámara de Diputados, el oficialismo buscará obtener dictamen este martes y llevar el proyecto al recinto el día 25, con el objetivo de evitar que el debate se extienda a las sesiones extraordinarias. Fuentes de la Comisión de Presupuesto, presidida por el libertario Alberto Benegas Lynch, señalaron que existe un acuerdo sobre el cronograma, aunque el contenido de la iniciativa todavía no está cerrado.
Algunos planteos de los gobernadores ya registraron avances. Entre ellos, el pedido de Córdoba y Santa Fe para prorrogar hasta 2032 los regímenes de promoción de las industrias automotriz y autopartista. Otros reclamos siguen pendientes, como los subsidios al transporte que solicitan los intendentes y la coparticipación correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires.
Uno de los principales puntos de discusión es la propuesta del Ministerio de Economía, que contempla un aumento real del 7,5% en las transferencias automáticas a las provincias, pero también una reducción real del 20% en las transferencias de capital. Esta última disminución alcanza a los recursos destinados a obras de infraestructura.
En materia de obra pública, gobernadores e intendentes reclaman que el presupuesto incluya partidas específicas y que se cumplan los convenios firmados con las distintas jurisdicciones.
Otro eje de la negociación son los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El proyecto contempla un fondo de $1,9 billones, pero no incorpora el mecanismo de distribución automática que reclaman los gobernadores. Una discusión similar se plantea en torno al reparto de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos.
También permanece pendiente la situación de las cajas previsionales provinciales que no fueron transferidas a la Nación. El proyecto destina $503.325 millones para cubrir los déficits de los sistemas jubilatorios de 13 jurisdicciones. Sin embargo, los gobernadores consideran que el monto es insuficiente y reclaman una actualización de los anticipos que realiza la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
La Semana Argentina en París, en la que participaron 13 gobernadores junto al presidente Javier Milei, dejó una imagen de acercamiento entre la Casa Rosada y las provincias. No obstante, las diferencias sobre el financiamiento y la distribución de recursos continúan, incluso después de las reuniones con el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
Para el Gobierno nacional, la aprobación del Presupuesto 2027 permitiría mostrar previsibilidad fiscal, ordenar las expectativas económicas y demostrar capacidad para construir mayorías parlamentarias. Para los gobernadores, en cambio, la negociación representa una oportunidad para garantizar un piso de recursos que permita sostener el funcionamiento de sus administraciones durante el próximo año.




















