El dictamen de la fuerza federal, de 148 páginas, examinó 57 archivos de audio con el objetivo de determinar su autenticidad e integridad, establecer si habían sido editados o producidos mediante herramientas de inteligencia artificial y comprobar si la voz registrada pertenecía al exdirector de la ANDIS.
La controversia se produce después de los distintos planteos realizados por la defensa de Spagnuolo. En un primer momento, el exfuncionario negó que la voz fuera suya. Luego sostuvo que las grabaciones habían sido modificadas con inteligencia artificial y finalmente solicitó una pericia, aunque no aportó una muestra de su propia voz para efectuar la comparación.
Su abogado, Mauricio D’Alessandro, afirmó que los audios son falsos y que presentan 18 microcortes. En una presentación judicial, sostuvo que las grabaciones fueron obtenidas durante varios meses y en distintos lugares, en el marco de una supuesta operación de inteligencia destinada a alterar el orden constitucional. La estrategia de la defensa apunta a cuestionar su validez como prueba dentro del expediente.
En los archivos se escuchan conversaciones atribuidas a Spagnuolo en las que se mencionan presuntos pagos ilegales vinculados con la compra de medicamentos y funcionarios del Gobierno. Entre las frases registradas aparecen referencias a supuestos porcentajes destinados a la Presidencia y a Karina Milei, además de menciones a Daniel Garbellini, quien también se desempeñó en la ANDIS.
Para evaluar la identidad de la voz, los peritos de Gendarmería consideraron que 14 de los 57 archivos reunían condiciones para una comparación forense. Los restantes fueron clasificados como no aptos. La conclusión oficial fue que no se pudo determinar si la voz de las grabaciones correspondía a Spagnuolo.
El estudio también detectó elementos técnicos compatibles con posibles ediciones o procesamientos posteriores, como discontinuidades abruptas, eventuales puntos de corte y sonidos coincidentes entre distintos archivos. Sin embargo, los especialistas aclararon que no pudieron establecer el origen ni el alcance de esas irregularidades, ni reconstruir las posibles operaciones realizadas sobre el material. Como excepción, indicaron que en el archivo denominado “La caja.m4a” no encontraron indicios evidentes de manipulación.
En cuanto al posible uso de inteligencia artificial, Gendarmería seleccionó cinco archivos para realizar evaluaciones acústicas y perceptuales. Los análisis identificaron características habituales del habla humana y no detectaron irregularidades manifiestas que permitieran atribuir las voces a sistemas de generación artificial. No obstante, la fuerza señaló que no cuenta con herramientas forenses validadas para detectar voces sintéticas en las condiciones examinadas. Por ese motivo, no pudo confirmar ni descartar que se hubiera utilizado esa tecnología.
El informe tampoco logró establecer con certeza cuándo, dónde y en qué circunstancias se realizaron las grabaciones. Además, advirtió que no pudo verificarse plenamente la integridad de los archivos desde su obtención original y que el embalaje recibido no ofrecía garantías suficientes de inviolabilidad. Los peritos también señalaron que no contaban con los materiales necesarios para comparar los registros analizados con las versiones difundidas por los medios de comunicación.
Las conclusiones fueron objetadas por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), dependiente de la Procuración General y designada como perito de parte por la fiscalía de Franco Picardi. En el trabajo participaron cinco profesionales de los laboratorios de Multimedia Forense y Análisis Técnico de Telecomunicaciones, quienes incorporaron sus disidencias en un anexo del informe.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido a la decisión de los peritos oficiales de no comparar las voces de las grabaciones con una muestra de Spagnuolo. Gendarmería había argumentado que el programa Forensia v2.0 presentaba limitaciones de calibración que impedían utilizar sus resultados con fines identificatorios.
La DATIP respondió que esas restricciones no justificaban descartar otros procedimientos. Según sus especialistas, el propio informe reconocía que había archivos con calidad sonora suficiente para realizar una comparación, de acuerdo con el Protocolo Único para la Comparación Forense de Voces del Ministerio de Seguridad, establecido mediante la Resolución 526/2024.
Ese protocolo contempla tres modalidades de análisis: una evaluación perceptual auditiva, otra semiautomática basada en mediciones de la señal y una tercera automática mediante un programa informático. La normativa exige aplicar al menos dos de esos métodos. Para los peritos del Ministerio Público, aunque el software utilizado por Gendarmería no fuera adecuado para el análisis automático, todavía podían realizarse las evaluaciones perceptual y semiautomática.
Los especialistas también señalaron una contradicción en el procedimiento: indicaron que el 2 de septiembre de 2026 los peritos oficiales habían considerado apto uno de los archivos y gestionado la convocatoria de una persona de referencia para obtener una muestra indubitada de voz. Por eso cuestionaron que posteriormente se descartara la comparación.
Otra diferencia entre los equipos estuvo relacionada con la hipótesis de una posible transferencia acústica, es decir, que algunos audios hubieran sido reproducidos y grabados nuevamente. La DATIP sostuvo que el propio informe oficial reconocía que los hallazgos solo constituían indicios y no permitían confirmar ese mecanismo. A su criterio, esa posibilidad no debía utilizarse como fundamento para excluir por completo el cotejo de voces.
La utilización de inteligencia artificial también fue motivo de desacuerdo. Mientras Gendarmería sostuvo que no podía descartar la generación sintética de las grabaciones, los especialistas de la DATIP consideraron que esa conclusión no reflejaba adecuadamente los resultados obtenidos. Señalaron que los análisis identificaron rasgos característicos del habla espontánea, como variaciones de entonación, pausas, cambios en la velocidad al hablar, repeticiones, chasquidos linguales y respiraciones audibles.
Además, cuestionaron que el informe oficial no hubiera aplicado determinados procedimientos de medición recomendados por los estudios científicos que citaba. Entre otras observaciones, señalaron que se recurrió a una evaluación fonoaudiológica subjetiva y a una grilla de categorías sin respaldo bibliográfico, en lugar de realizar un análisis estadístico objetivo de las voces.
También marcaron la ausencia de estudios sobre la relación entre las respiraciones y las pausas del habla, así como sobre la coarticulación, el fenómeno por el cual los sonidos se modifican e influyen entre sí durante la pronunciación. Según la DATIP, existen protocolos reconocidos para realizar esas evaluaciones y el programa Praat, utilizado por los peritos oficiales, permite llevarlas adelante.
Por último, los especialistas consideraron que la falta de herramientas para detectar voces sintéticas en la División Acústica Forense de Gendarmería representa una limitación del laboratorio y no una imposibilidad técnica general. Por eso sostuvieron que debían evaluarse otros métodos disponibles en el ámbito científico.
De esta manera, la pericia dejó planteadas dos posiciones diferentes dentro de la investigación: mientras Gendarmería concluyó que no cuenta con elementos suficientes para determinar la autenticidad de las grabaciones, la DATIP cuestionó los procedimientos utilizados y sostuvo que había alternativas técnicas que no fueron aplicadas. La discusión sobre la validez de los audios continuará siendo uno de los puntos centrales de la causa.
