El procedimiento tiene su origen en la acordada 21/2026, firmada por el máximo tribunal el 21 de agosto. En esa resolución, los jueces solicitaron al decano del CMF que elaborara, en un plazo de 30 días, un protocolo sobre la salud de los internos y las posibilidades de brindarles atención médica dentro de las unidades de detención.
Entre los puntos requeridos, la Corte pidió evaluar si el Servicio Penitenciario Federal (SPF), bajo la órbita de la ministra Alejandra Monteoliva, cuenta con las condiciones necesarias para garantizar el tratamiento de determinados internos. Según antecedentes mencionados en el planteo, el organismo había señalado dificultades para alojar a personas mayores en distintos casos vinculados con delitos de lesa humanidad. Uno de ellos fue el del represor Juan Daniel Amelong, cuya situación también generó repercusiones en el ámbito político.
Desde la Corte confirmaron que el documento ya fue remitido por el Cuerpo Médico Forense y se encuentra bajo análisis de los ministros. La acordada establece que, una vez aprobado, el protocolo deberá hacerse público y distribuirse entre los tribunales penales del país, la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional.
Dentro del Palacio de Justicia se atribuye al presidente del tribunal, Horacio Rosatti, el impulso de la iniciativa desde marzo, en la antesala del 50° aniversario del último golpe de Estado. En ese contexto, también circularon cuestionamientos y especulaciones sobre una posible orientación del Gobierno para favorecer a detenidos por delitos de gravedad. Según las versiones sobre el tratamiento interno del documento, Rosatti y Carlos Rosenkrantz estarían revisándolo, mientras que Ricardo Lorenzetti no tendría intención de respaldarlo.
La iniciativa generó reacciones contrapuestas entre organizaciones vinculadas con la discusión sobre los crímenes de la dictadura. El Foro Argentino de Defensa recibió favorablemente el protocolo y advirtió sobre sus posibles consecuencias para los represores encarcelados. La propuesta fue presentada como una herramienta orientada a evaluar la situación de los militares detenidos por delitos cometidos durante el terrorismo de Estado.
En cambio, la Red Nacional de H.I.J.O.S. cuestionó la acordada y la vinculó con una estrategia de impunidad y un retroceso en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. La organización sostuvo que, bajo la apariencia de establecer criterios médicos, el procedimiento podría facilitar el acceso a la prisión domiciliaria de personas condenadas por su participación en el plan sistemático de exterminio durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar.
La discusión se desarrolla en paralelo a otros movimientos relacionados con los pedidos de beneficios para condenados por crímenes de lesa humanidad. Diez días después de la firma de la acordada, Cecilia Pando se reunió en el Ministerio de Justicia con Santiago Viola, segundo de esa cartera y colaborador cercano de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
De acuerdo con la información sobre ese encuentro, Pando y representantes de la asociación Justicia y Concordia, que reúne a defensores de personas detenidas por crímenes contra la humanidad, presentaron un documento vinculado con la prisión domiciliaria, las libertades condicionales y las salidas transitorias.
Viola también fue relacionado con sectores críticos de los juicios por delitos de lesa humanidad. Un abogado defensor señaló que el funcionario tenía vínculos con Justicia y Concordia a través de su madre, la abogada Claudia Balbín. Además, Viola representó legalmente a Norma Berta Radice, quien, junto con su hermano Jorge Radice, enfrenta un juicio por su presunta participación en el circuito de lavado de dinero proveniente de bienes de personas desaparecidas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Las estadísticas más recientes de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad registran 1.254 condenados por delitos vinculados con el terrorismo de Estado. De ese total, 436 cumplen arresto domiciliario y apenas 73 permanecen alojados en unidades penitenciarias. Entre estos últimos, 59 se encuentran en la Unidad 34 de Campo de Mayo, señalada por organismos de derechos humanos como una prisión con condiciones privilegiadas.
De acuerdo con esos datos, menos del 15% de las personas condenadas por secuestros, torturas y desapariciones permanece actualmente en establecimientos penitenciarios. En ese escenario, el protocolo médico que analiza la Corte podría tener consecuencias sobre las condiciones de detención de los represores y el alcance de los beneficios disponibles.
La discusión también se produce en medio de reclamos de familiares de condenados para que puedan regresar a sus hogares. Recientemente, Lucrecia Astiz, hermana de Alfredo Astiz, manifestó su disconformidad con el Gobierno por la falta de avances en esa dirección.
