Vialidad Nacional elaboró un listado a partir de un pedido realizado por las áreas de Transporte e Infraestructura, que solicitaron identificar corredores que podrían integrar una eventual etapa IV del proceso. Para confeccionar la nómina se tuvieron en cuenta los cambios producidos en la Red Vial Nacional luego de la transferencia de distintos caminos a las provincias para su operación y mantenimiento.
Los tramos considerados corresponden a las rutas nacionales 3, 9, 11, 12, 14, 16, 22, 25, 26, 33, 34, 35, 38, 50, 60, 81, 86, 89, 120, 121, 122, 151, 158, 228 y 237, además del corredor A0017.
La propuesta alcanza corredores ubicados en distintas provincias, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Salta, Jujuy, La Pampa, Chubut y Neuquén.
El análisis se produce después de que, a fines de agosto, el Ministerio de Economía avanzara con la adjudicación de los tramos correspondientes a la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, que comprende más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales.
La incorporación de los 26 tramos a la lista no significa que todos vayan a ser concesionados ni establece un cronograma para su adjudicación. Vialidad Nacional tiene a su cargo la identificación de los corredores que podrían incorporarse al esquema, mientras que posteriormente deberán intervenir distintas áreas del Gobierno para determinar la viabilidad financiera y jurídica de cada proyecto y definir las condiciones de las futuras concesiones.
La decisión final sobre las adjudicaciones estará a cargo del Ministerio de Economía. Una vez establecidos los contratos, Vialidad Nacional tendrá entre sus funciones la supervisión de su cumplimiento.
El esquema también contempla herramientas fiscales para facilitar las inversiones que deberán realizar los futuros concesionarios. El proyecto de Presupuesto 2027 incorpora, a través de su artículo 67, un régimen específico para las empresas que resulten adjudicatarias de nuevas licitaciones de rutas nacionales y que asuman obligaciones de operación, mantenimiento y mejora de los corredores.
Uno de los puntos centrales de la propuesta está relacionado con el tratamiento de las inversiones frente al Impuesto a las Ganancias. El proyecto establece mecanismos para acelerar el reconocimiento fiscal de determinados desembolsos vinculados con la adquisición de bienes y la ejecución de obras necesarias para las concesiones.
En el caso de bienes muebles nuevos destinados a la actividad, se contempla una amortización en un plazo de al menos dos años, mediante cuotas anuales iguales y consecutivas. Para las obras de infraestructura también se prevén mecanismos específicos destinados a acelerar el cómputo de las inversiones frente al impuesto.
El proyecto propone además que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires puedan adherir al régimen. En ese caso, se contempla la posibilidad de establecer exenciones en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y en el Impuesto de Sellos para las operaciones comprendidas.
La ampliación de las concesiones forma parte de la estrategia oficial para modificar el esquema de administración y financiamiento de la infraestructura vial. El modelo contempla que los operadores privados asuman tareas de explotación, mantenimiento y mejoras y recuperen las inversiones de acuerdo con las condiciones económicas establecidas en cada contrato, incluyendo sistemas de peaje cuando corresponda.
Por ahora, los 26 corredores identificados permanecen bajo análisis y deberán atravesar las evaluaciones correspondientes antes de que pueda definirse si serán incorporados a una nueva etapa de concesiones.
