La solicitud apunta a incorporar el testimonio de Beller luego de que su nombre quedara vinculado al expediente a partir de los planteos realizados por la defensa del ex titular de la agencia, Diego Spagnuolo, en relación con las grabaciones que forman parte de la causa.
El abogado de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro, sostuvo que Beller habría aportado información sobre el origen de esos audios. Según la versión expuesta por la defensa, la abogada habría señalado que Fernando Cerimedo, su expareja y exasesor de La Libertad Avanza, le había hablado de una presunta operación de espionaje vinculada con la filtración de los registros.
Ese planteo fue utilizado para sostener la hipótesis de que las grabaciones atribuidas a Spagnuolo podrían haber sido manipuladas. Sin embargo, la Justicia resolvió avanzar con el análisis del material.
Esta semana, el juez federal Ariel Lijo rechazó un pedido de Spagnuolo para suspender el peritaje. En tanto, Gendarmería continúa con el trabajo sobre los archivos para determinar su origen y autenticidad y establecer si fueron objeto de ediciones o modificaciones posteriores, incluso mediante herramientas de inteligencia artificial.
La fiscalía sostiene que, más allá del contenido de las grabaciones, el expediente cuenta con otros elementos independientes que respaldan la investigación, entre ellos documentación, teléfonos secuestrados y resultados de distintos allanamientos.
Cerimedo ya había declarado ante Picardi en septiembre de 2025. En esa oportunidad, según consta en su testimonio, afirmó que Spagnuolo le había mencionado la existencia de un supuesto esquema de retornos en la compra de medicamentos cuando estaba al frente de la ANDIS.
De acuerdo con aquella declaración, Spagnuolo también le habría dicho que había informado sobre esa situación al presidente Javier Milei durante una conversación en la Quinta de Olivos. Cerimedo, además, mencionó a Eduardo “Lule” Menem al referirse al presunto circuito de pagos ilegales.
El pedido para que Beller declare se produce mientras la abogada permanece en Bolivia, donde fue atacada a tiros el 17 de agosto. Recibió tres disparos y permaneció internada durante cinco días. Tras el ataque, la Justicia boliviana dispuso la prisión preventiva de Cerimedo por 180 días mientras avanza la investigación por el intento de femicidio.
Cerimedo negó haber participado del ataque y rechazó haber contratado a personas para asesinar a su expareja. Beller, por su parte, manifestó temor ante la posibilidad de nuevos ataques, permaneció bajo medidas de seguridad luego de recibir el alta y sostuvo que el atentado tuvo motivaciones políticas. También apuntó contra Cerimedo, quien rechazó esas acusaciones.
Además de su eventual declaración en el expediente de la ANDIS, Beller había sido citada como testigo en otra investigación, relacionada con un presunto enriquecimiento ilícito de Cerimedo. El 26 de agosto pidió que esa declaración fuera suspendida y solicitó ser incorporada al régimen de testigos protegidos debido a sus preocupaciones por su seguridad.
