El cierre de la primera parte de 2026 estuvo marcado por la postergación del tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y por una confrontación significativa entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la senadora Patricia Bullrich.
A pesar de las diferencias entre Villarruel y Bullrich, el oficialismo no logró avanzar en la aprobación de una ley sobre Propiedad Privada, propuesta por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Este proyecto encontró oposición tanto en sectores aliados en el Congreso como en gobiernos provinciales, principalmente por los cambios que afectan la venta de tierras a extranjeros. En este periodo, el Senado solamente avanzó en la aprobación de pliegos para el Poder Judicial y ascensos en la Cancillería.
Luego de un cuarto intermedio, la actividad en la Cámara alta se reanudará el 6 de agosto, tras el receso invernal. En este panorama, Bullrich volvió a enfatizar la importancia de avanzar con las reformas que promueve el presidente Javier Milei, generando expectativa en torno a un posible encuentro entre ella y el ministro Sturzenegger.
En las últimas semanas, el Gobierno ha intensificado las reuniones en la Casa Rosada con los bloques legislativos de Diputados y del Senado. Durante estos encuentros, Javier Milei ha presentado en detalle los proyectos que desea impulsar, destacando la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), que aún no ha sido enviada al Congreso.
Como parte de esta nueva táctica legislativa, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el subsecretario de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem, se reunieron con figuras clave del PRO: Cristian Ritondo y Martín Goerling Lara, representando a Diputados y Senado, respectivamente.
Las agrupaciones del PRO presentan discrepancias con La Libertad Avanza en relación a la reforma electoral, oponiéndose a la eliminación de las PASO y prefiriendo discutir el capítulo de Ficha Limpia de manera separada. No obstante, están dispuestos a apoyar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, mientras se desarrollan las negociaciones para alcanzar un acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires, de cara a las elecciones del próximo año.
Recientemente, se han reanudado las reuniones entre aliados, algo que no ocurría desde el inicio del mandato de Milei. En los días siguientes, el Gobierno planea extender las conversaciones a otros aliados considerados cruciales para sumar apoyos parlamentarios, incluidos los radicales afines a la diputada Pamela Verasay y al senador Eduardo Vischi.
Durante la última sesión del Senado, se notaron gestos de acercamiento por parte de la UCR. El senador bonaerense Maximiliano Abad criticó fuertemente al gobernador Axel Kicillof por la situación de la obra social provincial IOMA, afirmando que representa una grave violación del derecho a la salud, tal como establece la Constitución Nacional y acuerdos internacionales. “Planteo esta cuestión de privilegio porque el derecho a la salud de millones de bonaerenses está siendo vulnerado. La situación de IOMA ya no puede tolerar más excusas ni demoras”, comentó.
La Casa Rosada tiene previsto enviar esta semana a la Cámara de Diputados un proyecto para modificar la Ley de Inocencia Fiscal. De implementarse, las iniciativas del Ejecutivo ya no solo se presentarían por el Senado, que actualmente acumula numerosos expedientes pendientes, mientras que Diputados espera consensos para avanzar con otros proyectos.
La propuesta, diseñada por el ministro de Economía, Luis Caputo, busca fortalecer el régimen fiscal, ampliando su alcance y otorgando mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que deseen ingresar fondos al circuito formal de la economía.
En su última conferencia de prensa, Caputo mencionó que los argentinos tienen alrededor de 170.000 millones de dólares fuera del sistema formal. Los cambios contemplan la eliminación de límites de ingresos y patrimonio para aumentar el número de adherentes, alteraciones en el criterio de “discrepancia significativa”, nuevas oportunidades de rectificación antes de perder beneficios y restricciones al uso de presunciones por parte de ARCA, así como reglas de bancarización para ciertas operaciones.
El objetivo principal de la propuesta es disminuir el temor de los contribuyentes a ser objeto de auditorías extensas sobre ejercicios previos, por errores formales o pequeñas inconsistencias una vez que se integren al régimen. Además, se contemplan beneficios relacionados con sanciones; aquellos que se adhieran y cumplan con ciertas condiciones podrán acceder a condonaciones o mecanismos especiales de regularización.
