El juicio, que dio inicio el 3 de marzo en la ciudad de Río Gallegos, ha estado marcado por 30 audiencias hasta la fecha. Hoy se llevarán a cabo los alegatos de las defensas, y después de que se escuchen las últimas declaraciones de los acusados, se espera que el tribunal dé a conocer su decisión el próximo miércoles.
El proceso legal tiene como objetivo determinar si existen responsabilidades penales por parte de exoficiales de la Armada Argentina en relación con el estado y la operación del submarino durante su última misión.
Los cuatro acusados son Luis López Mazzeo, Claudio Javier Villamide, Héctor Alonso y Hugo Correa, a quienes se les imputa incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de 44 personas.
A lo largo de las audiencias, se han presentado testimonios de expertos, excomandantes, submarinistas y autoridades de la Armada, así como una gran cantidad de documentación relacionada con las condiciones del ARA San Juan y su última navegación.
La etapa de alegatos de la fiscalía ha concluido, y sus pedidos de condena oscilan entre cinco y tres años y seis meses de prisión. Además, en dos de los casos se ha solicitado la inhabilitación especial perpetua.
El ARA San Juan zarpó de la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre de 2017 y llegó a Ushuaia el 4 de noviembre, para luego partir cuatro días después en un ejercicio antisubmarino y posterior patrullaje para controlar la pesca ilegal.
El 15 de noviembre, a las 10:52, el submarino implosionó a más de 900 metros de profundidad, a aproximadamente 500 kilómetros de Comodoro Rivadavia. La última comunicación se registró a las 7:19 de esa misma jornada.
Durante los alegatos, los fiscales Julio Zárate, Lucas Colla, María Andrea Garmendia Orueta y Gastón Franco Pruzán pidieron cinco años de prisión y la inhabilitación especial perpetua para López Mazzeo y Villamide; cuatro años de cárcel e inhabilitación perpetua para Alonso; y tres años y seis meses de prisión para Correa. Argumentaron que los acusados tenían una responsabilidad directa sobre la seguridad de la tripulación y que no era necesario identificar el mecanismo final del naufragio para establecer dicha responsabilidad.
Por su parte, las defensas sostuvieron que no se ha podido precisar de manera contundente la secuencia final de la navegación ni el vínculo causal entre las supuestas omisiones y el siniestro.
El abogado de Villamide, Juan Pablo Vigliero, solicitó la nulidad de la acusación y, en forma subsidiaria, la absolución, argumentando que “no son conocidas las causas del estrago”.
Las defensas de López Mazzeo, Alonso y Correa anunciaron que impugnarán la falta de claridad sobre cómo los incumplimientos pudieron haber incrementado el riesgo y su conexión con la última navegación.
Las querellas unificadas y la representada por Luis Tagliapietra también solicitaron penas, pero el tribunal desestimó estos pedidos por no haber presentado un requerimiento formal de elevación a juicio en la fase de instrucción.
El tribunal, conformado por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Giménez, dará por cerrado el debate tras las últimas palabras de los imputados. Si se anticipa el veredicto el miércoles, los fundamentos de la sentencia se darán a conocer aproximadamente un mes después.
