Sin embargo, Bailaque interpreta la situación de manera diferente. El 1° de junio, su abogado Claudio Puccinelli presentó un extenso documento de 13 páginas en la Unidad Fiscal de Rosario, donde denuncia a Mizzau por, supuestamente, haber mentido para beneficiarse en su situación procesal.
La denuncia, enmarcada dentro de los artículos 236 y 240 del Código Procesal Penal Federal, no pone en duda de manera general la veracidad del contador, pero sí realiza acusaciones específicas. Mizzau, según la defensa, afirmó que el departamento de la calle 3 de Febrero 1927, piso 6, en Rosario, fue adquirido el 20 de noviembre de 2014, una fecha que la defensa considera incorrecta.
Los documentos presentados por la defensa del exjuez —incluyendo un boleto de compraventa y una escritura pública— demuestran que el inmueble fue adquirido de la empresa Brender SRL el 23 de enero de 2007, cuando el edificio aún se hallaba en construcción. La transferencia formal de la propiedad se realizó el 19 de noviembre de 2014, ante el escribano Santiago Borsani, y se registró en el Registro General de Rosario el 30 de diciembre de ese mismo año. La confusión entre las fechas, según la defensa de Bailaque, marca el inicio de un relato que consideran deliberadamente manipulativo.
El eje central del testimonio de Mizzau se basa en su afirmación de que detectó irregularidades patrimoniales: el matrimonio Bailaque-Martínez Maulión supuestamente adquirió dos departamentos en un período de nueve meses, lo que, según la investigación, sería incompatible con su capacidad económica documentada. Esta supuesta irregularidad fue presentada ante los fiscales Juan Argibay Molina y Diego Velasco, de la Procelac, como un indicio de enriquecimiento ilícito.
Mizzau, conforme a las transcripciones de su declaración, aseguró que el departamento de la calle 3 de Febrero tenía “unos 40 y algo metros cuadrados”, y que fue adquirido el 20 de noviembre de 2014, una afirmación que despertó sospechas sobre la capacidad adquisitiva de Bailaque, dado que sus ingresos como juez federal y los de su esposa como funcionaria judicial no parecían suficientes para realizar ambas compras en tan corto tiempo.
La defensa de Bailaque intenta contrarrestar este argumento presentando una cronología diferente: el boleto del departamento de 3 de Febrero, según sus registros, data de 2007 y la compra del departamento en calle Italia fue formalizada el 30 de octubre de 2013 y registrada el 31 de julio de 2015. Aseguran que entre estas dos transacciones no existen los nueve meses alegados por Mizzau, sino un lapso de seis años.
La denuncia presentada por Bailaque incluye dos aspectos penales. En primer lugar, se menciona una violación del secreto profesional, dado que Mizzau fue el contador de la pareja Bailaque-Martínez Maulión desde 2009, lo que le otorgó acceso a datos fiscales y patrimoniales confidenciales. Bailaque sostiene que Mizzau, al revelar esta información sin el debido levantamiento del secreto profesional, incurrió en delitos previstos en los artículos 156 y 157 bis inciso 2 del Código Penal.
En segundo lugar, la denuncia se fundamenta en el artículo 276 bis del Código Penal, incluido por la ley 27.304 que regula la delación premiada. Este artículo establece que quien, acogido a este beneficio, proporcione de manera maliciosa información falsa podrá enfrentar penas de prisión de entre cuatro y diez años. La defensa argumenta que el relato de Mizzau no es fruto de un simple error, sino de una falsedad construida a partir de datos de los que él era consciente.
Bailaque sostiene que Mizzau no podía desconocer la falsedad de sus afirmaciones, ya que las desarrolló utilizando información de su propia responsabilidad profesional. Este contexto, según la defensa, agrava la situación al tratarse de declaraciones efectuadas dentro del marco de un acuerdo de colaboración con el objetivo de conseguir una reducción de pena.
La denuncia de Bailaque llega en un momento crítico para el caso, ya que Mizzau no fue el primero en romper el silencio. Carlos Vaudagna, ex titular de ARCA en Rosario, se convirtió en colaborador imputado en marzo de 2025, admitiendo una conspiración contra el empresario Claudio Iglesias, quien habría pagado 140.000 de un total solicitado de 200.000 dólares.
Bailaque es el único de los imputados que no ha firmado ningún acuerdo y se encuentra a la espera de que se defina la fecha de inicio del juicio oral. Desde el 1° de julio de 2025, cumple arresto domiciliario tras la aceptación de su renuncia por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
La causa FRO 9010/2024 comenzó como una investigación sobre las relaciones entre un juez y el narcotraficante al que debía investigar. Mizzau, el contador de ambos, gestionaba tanto las finanzas de Bailaque como las del jefe criminal Esteban Alvarado.
La acusación incluye, entre otros delitos, el lavado de activos, ya que se le imputó por asesorar al entramado societario del narcotraficante sin reportar operaciones sospechosas.
La presentación del 1° de junio amplía la complejidad del caso, dado que Bailaque no solo aguarda el juicio oral, sino que también denuncia a uno de los testigos que declarará en su contra. Su documento solicita que una nueva fiscalía asuma la investigación, diferente a la que intervino en los acuerdos de colaboración, citando el artículo 95 del CPPF. Este artículo menciona al fiscal titular de Procunar, Diego Iglesias; al fiscal Matías Scilabra y a los miembros de Procelac, quienes también negociaron y formalizaron los acuerdos de colaboración en este caso. Esta solicitud se basa en la premisa de que los fiscales involucrados tienen un interés institucional en sostener el relato del arrepentido, lo que precariza su objetividad en la investigación de posibles delitos.
Este enfoque no solo busca aclarar la veracidad del testimonio de Mizzau, sino que también se enmarca dentro de una estrategia más amplia de la defensa de Bailaque para retrasar el juicio. El ex magistrado enfrenta un potencial encarcelamiento si es condenado.
