Kueider será juzgado junto a su ex secretaria Iara Guinsel, con quien mantuvo una relación sentimental y que lo acompañaba en el momento de su detención en un control fronterizo por parte de la policía paraguaya.
El juicio comenzará a las 8 de la mañana (hora de Asunción, coincidente con la de Buenos Aires) y se llevará a cabo ante el Tribunal de Sentencia Especializado en delitos Económicos, presidido por las juezas Elsa García, Matías Garcete Piris y Adriana Planás.
Si es hallado culpable, Kueider podría recibir una pena de dos años y medio de prisión, aunque se considerará el año y medio que ya cumplió bajo arresto domiciliario en Asunción.
Este juicio estaba programado originalmente para el 24 de noviembre del año pasado, pero se pospuso para el 20 de abril de este año y, nuevamente, sufrió una reprogramación a solicitud de la Fiscalía.
El ex senador y su pareja enfrentan acusaciones de contrabando en grado de tentativa después de haber intentado cruzar el Puente Internacional de la Amistad, que conecta Brasil con Paraguay, portando poco más de 211.000 dólares, 640.000 guaraníes y cerca de 4 millones de pesos argentinos sin declarar.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del 4 de diciembre de 2024, y desde entonces, Kueider y Guinsel han permanecido bajo arresto domiciliario, primero en un complejo lujoso en el centro de Asunción, luego en un dúplex y finalmente en un departamento en un edificio de alta gama en las afueras.
Kueider ha afirmado en varias ocasiones su inocencia, sosteniendo que los fondos no le pertenecían. “No son míos, ni siquiera son de mi acompañante. Son de operaciones que ella estaba haciendo en Paraguay, de intermediación. Entramos y salimos de Paraguay esa noche. Eso está declarado”, declaró el año pasado en una entrevista radial.
Mientras tanto, Kueider también enfrenta otros dos procesos judiciales en Argentina por presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos. Uno de estos casos está en manos de la Justicia provincial de Concordia, Entre Ríos, y el otro en los Tribunales Federales de San Isidro, donde la Corte Suprema deberá determinar cuál de las investigaciones continuará.
