La medida alcanza a la hilandería ubicada en Reconquista, Santa Fe, y a las desmotadoras de Bandera, en Santiago del Estero, y General Pinedo, en Chaco. Los empleados afectados podrán reclamar los salarios y las indemnizaciones pendientes, además de gestionar el fondo de desempleo.
La resolución judicial respondió a una recomendación de la Sindicatura, que consideró inviable mantener las operaciones debido al nivel de pérdidas y a que los contratos de trabajo a fasón no alcanzaban para cubrir los costos. El objetivo es frenar la acumulación de deudas mientras se avanza con la venta de los activos de la empresa.
La situación financiera de la hilandería de Reconquista refleja la dimensión del problema. La planta registra ingresos mensuales cercanos a los $425 millones, frente a costos que alcanzan los $1.239 millones. El déficit operativo se ubica entre $565 millones y $815 millones por mes, principalmente por el gasto energético.
A ese escenario se suma una intimación de la Empresa Provincial de la Energía para que la compañía abone más de $4.600 millones, bajo advertencia de interrumpir el suministro eléctrico.
Lorenzini aclaró que la decisión no implica el cierre definitivo de los establecimientos. La suspensión será gradual: se terminarán los procesos productivos que ya están en marcha, no ingresará nueva materia prima y las instalaciones quedarán bajo un régimen de conservación y custodia para preservar su valor como unidades productivas.
La intención es que las plantas puedan volver a funcionar bajo una nueva administración una vez concretada la venta. En ese sentido, el magistrado dispuso un plazo de diez días corridos para que las empresas que trabajan a fasón con Algodonera Avellaneda presenten una propuesta que permita mantener total o parcialmente la actividad.
Entre las compañías vinculadas a esos contratos se encuentran Sir Cotton SA, Vicentin SAIC e Insumos XXI SA. Según indicó el juez, conocen los establecimientos, tienen mercadería en las instalaciones y podrían estar interesadas en sostener su funcionamiento.
Las alternativas deberán contemplar el financiamiento completo de las operaciones que se busque mantener. Esto incluye salarios, cargas sociales, energía, insumos, seguros y servicios, sin generar nuevas deudas para la quiebra. También deberán contar con garantías suficientes y no interferir con el proceso de venta de los activos.
La resolución estableció, además, distintas fechas para la extinción de los vínculos laborales, según la situación de cada trabajador. Para el personal que se desempeñaba en la Ciudad de Buenos Aires, la medida rige desde la declaración de quiebra, el 14 de octubre de 2026.
En el caso de quienes continuaron trabajando después de esa fecha, pero no sean convocados para completar la producción pendiente ni para cubrir las guardias, la extinción tendrá efecto desde la fecha de la resolución. Para quienes participen de la finalización de los procesos productivos o de las guardias mínimas, se aplicará cuando la Sindicatura lo comunique.
Por último, el juez ordenó convocar de inmediato a los inversores que ya se habían inscripto y a otros interesados en adquirir uno o varios de los establecimientos y activos de la compañía. La posibilidad de encontrar compradores será determinante para definir el futuro de las plantas y la eventual reactivación de la actividad.




















