Kategora estaba al frente de la Escuela 733 de Colonia Paraíso, ubicada a unos 40 kilómetros de San Vicente, y percibía un adicional del 80% por la ubicación desfavorable del establecimiento. Durante sus períodos de ausencia, la dirección quedó a cargo de personal suplente.
Los registros administrativos contemplan distintos tipos de licencias, entre ellas por enfermedades comunes, atención de familiares, cambios de tareas y tratamientos prolongados. También figuran períodos en los que Kategora habría desempeñado funciones en otras dependencias del Estado.
El expediente busca establecer si las licencias otorgadas fueron válidas y determinar si existió una incompatibilidad entre su actividad educativa y las funciones que cumplía en Energía de Misiones. También se analizará qué organismos participaron en las autorizaciones y si la información sobre su situación laboral fue correctamente compartida entre las distintas dependencias.
Otro de los puntos que deberá evaluar el sumario es la aparición de registros de viajes al exterior durante algunos períodos de licencia. Estos elementos, por sí solos, no permiten determinar que una licencia médica haya sido irregular, por lo que deberán ser contrastados con certificados, antecedentes clínicos y el resto de la documentación incorporada al expediente.
La presidenta del Consejo General de Educación, Daniela López, señaló que en 2019 ya se había detectado un uso excesivo de los plazos de licencia, situación que derivó en un descuento del 50% sobre los haberes. También aclaró que las licencias no fueron ininterrumpidas y que hubo períodos en los que el docente cumplió funciones de manera presencial.
Con la aceptación de la renuncia, los haberes de Kategora dejaron de liquidarse a partir de agosto. La medida limita la posibilidad de aplicar determinadas sanciones administrativas, como apercibimientos o descuentos futuros, pero no impide continuar investigando su conducta durante el período en el que formó parte del sistema educativo.
El sumario tiene un plazo máximo de seis meses para finalizar. Entre las medidas previstas se encuentran la verificación de certificados y firmas, la revisión de la intervención de las juntas médicas y el análisis del circuito administrativo que permitió la acumulación de los 3.363 días de licencia.
Además, el Consejo General de Educación dispuso revisar todas las licencias de largo tratamiento que se encuentran vigentes en la provincia. López reconoció una falta de control profundo en el área de Salud Laboral y señaló que la revisión alcanzará los procedimientos de las juntas médicas, las áreas de personal y las supervisiones escolares.
En paralelo, un diputado provincial presentó una denuncia para que la Justicia determine si podrían haberse cometido delitos vinculados con una eventual defraudación contra la Administración Pública y falsedad ideológica reiterada. La presentación no implica una declaración de culpabilidad y deberá ser analizada por la Fiscalía.
Al 13 de agosto, la liquidación de haberes del exdirector permanecía suspendida, el sumario administrativo continuaba vigente y estaba en marcha una revisión general de las licencias prolongadas. La investigación deberá determinar si existió un perjuicio económico, verificar la autenticidad de la documentación y establecer las eventuales responsabilidades administrativas.
