Coinciden todos. Javier Milei y su equipo económico, gran parte de la oposición dialoguista (y algunos de la otra también), los empresarios de todo nivel y hasta algunos sindicalistas. Si Argentina quiere ser competitiva en el mediano plazo y sostener esa situación en el futuro, más que hablar de devaluaciones, debe pensar en una reducción tanto de la presión impositiva como de la burocracia tributaria existente. Se considera como indispensable acelerar un debate dentro de la clase política argentina, que acelere un programa legal de reducción dramática de los más de 130 impuestos existentes; por un esquema total de no más de 20. Y, además, de la eliminación lisa y llana de tributos; comenzando por el impuesto al cheque e ingresos brutos. Sin embargo, surge la duda: si se quiere sostener el programa de superávit fiscal primario y financiero durante el 2025, y atendiendo que la variable recaudación no estaría en un momento florecientes; es este el tiempo de pensar en una contracción de la presión impositiva?
Según el último informe de la Fundación Capital, el trabajo firmado por el economista Carlos Perez, indica que en estos tiempos, incluyendo el 2025, y pese a la contracción fuerte del gasto público, el nivel de ingresos impediría una reducción de impuestos. Al menos si la intención oficial es sostener el superávit fiscal logrado este año, durante el próximo ejercicio.
Las principales conclusiones del informe son las siguientes:
Sin un presupuesto votado en el Congreso, pero con el férreo compromiso del equilibrio fiscal, las principales dudas pasan por cuándo se podrán bajar impuestos, cuestión clave en materia de competitividad. El próximo año las autoridades sostendrán el fuerte recorte del gasto de este año, sin nuevos ajustes, en un marco de ingresos tributarios que ya no estarán vigentes en 2025.
No parece haber demasiado margen para una reducción de la presión tributaria en lo inmediato.
Todo indica que hacia delante será necesario un esfuerzo fiscal adicional, que contemple un equilibrio fiscal financiero sólido y permita avanzar con una baja de la presión impositiva, arrancando por los derechos de exportación.
Este año el sector público nacional finalizará con un equilibrio fiscal no visto en los últimos años. La diferencia es notoria incluso con lo evidenciado en el 2019 (año de menor déficit fiscal del gradualismo de la administración Macri). Así, el 2024 cerraría con un superávit primario del 1,6% del PBI y sin déficit financiero (0% del PBI), en línea con el resultado primario alcanzado en los primeros diez meses (1,8% del producto). Si bien debe señalarse que diciembre suele ser un mes deficitario estacionalmente, lo cierto es que las autoridades parecen estar dispuestas a presentar los recortes necesarios para cumplir con el compromiso fiscal “cueste lo que cueste”.
El saldo superavitario ha sido el ancla del programa de las autoridades económicas y uno de los motivos iniciales de la baja del riesgo país, lo que no querrán poner en riesgo.
Este resultado fiscal se explica principalmente por el descenso del gasto (-28,9% i.a. en términos reales en el acumulado del año), dado que los ingresos presentaron una baja (-6,6% interanual).
La reducción en el gasto primario que será de 4,5 puntos del PBI este año se debió principalmente a la disminución en jubilaciones y pensiones y los gastos de capital, asociados a la obra pública. La mitad de la caída en las erogaciones se debió a estas dos partidas. En menor medida, el recorte se explica por los subsidios a la energía y transporte (12,8% del recorte), programas sociales (10,7%), salarios del sector público que perdieron frente a la inflación (8,6%) y las transferencias corrientes a provincias (7,8%), cuya reducción superó el 67% en términos reales. Las asignaciones familiares y por hijo no presentaron bajas (+1,9% i.a. real), cuestión donde las autoridades pusieron el énfasis.
Hacia delante, dado que no se aprobó en el Congreso el proyecto de presupuesto para 2025, seguramente se prorrogará el del año 2023. Así, la regla fiscal que se incorporó en el proyecto de ley y que buscaba anclar expectativas tampoco regirá (“establécese como regla fiscal, que el Sector Público Nacional deberá obtener a partir del Ejercicio 2025 y en todos los ejercicios subsiguientes, un resultado financiero equilibrado o superavitario”).
Se prevé que el resultado financiero para el Sector Público Nacional (incluyendo otros subsectores como empresas y otros entes públicos y fondos fiduciarios) sea de equilibrio para 2025, con un superávit primario de 1,3% del PBI y erogaciones prácticamente constantes en términos del producto. Sólo habría un fuerte descenso de los subsidios energéticos, donde estiman una disminución de 0,4% del PBI en las transferencias corrientes a empresas privadas (donde aclararon que continuarán con la suba en las tarifas de electricidad). Mención aparte merecen las prestaciones a la seguridad social, las cuales registrarían un incremento en términos del producto (+0,2 p.p.), en línea con la fórmula de movilidad del DNU 274/24 que quedó vigente (luego del veto presidencial).
Por el lado de los ingresos, hay varios con los que no se contará en 2025, siendo que el impuesto país vence este mes (1,1% del PBI acumulado a noviembre) y que existieron recursos extraordinarios que no estarán el próximo. Es el caso del régimen especial de ingreso del impuesto sobre los bienes personales (0,2% acumulado a noviembre), la moratoria (0,1%) y el impuesto especial de regularización de activos (0,1%). Parte de esta baja de 1,5% del PBI en los recursos, las autoridades esperan que se compense (con cierto optimismo) con la suba en aportes y contribuciones de la seguridad social (+0,4 puntos), producto de la mayor actividad económica; por impuesto a los combustibles (0,1 p.p.), en línea con la actualización del tributo; ganancias (0,1 p.p. aquellos recursos correspondientes a nación), de acuerdo con la suba aprobada en el paquete fiscal para la cuarta categoría; y derechos de exportación (+0,5 p.p.), por baja base de comparación.
De este modo, se advierte que el próximo año de elecciones, las autoridades no seguirán con el ajuste del gasto, salvo en subsidios energéticos, pero sosteniendo el fuerte recorte del 2024 (4,5% del producto). Así, finalizadas las primeras etapas del blanqueo, vencido el impuesto país y con recursos que podrían resultar menores a los estimados, no parece haber demasiado margen para una reducción de la presión tributaria en el corto plazo.
